A partir de este próximo viernes 3 de julio, las transferencias electrónicas y la emisión de cheques presentarán un aumento de 0.15% a 0.20% y para algunos economistas, aunque esta y otras medidas puedan parecer insignificantes, su impacto en la economía podría repercutir directamente como un efecto inflacionario para la población.
Tal es el caso del economista Daris Javier Cuevas, quien indicó que medidas como la anterior retrasan los avances logrados por el Banco Central en el sistema de pagos al expresar que la población suele hacer uso de las transferencias bancarias para pagar servicios, hacer compras o simplemente enviar dinero a familiares.
"Cuando la gente vea que eso se le incrementa, el costo de ese uso de la plataforma se incrementa, entonces va a restringir el uso de ese medio de pago. Ahí ya comienza un problema”, señaló.
A esto se le agrega el encarecimiento de operaciones cotidianas, deterioro de la competitividad turística y contradicción de la digitalización financiera, según el académico Antonio Ciriaco Cruz.
En su valoración particular, reconoce que las medidas buscan fortalecer la recaudación en el corto plazo, pero al mismo tiempo se le agregan los costos de transacción para hogares y empresas, creando una dependencia de los impuestos que afectan la actividad económica cotidiana, desincentivo a la digitalización y la perspectiva de crear una percepción de carga fiscal creciente, incluso si el impacto macroeconómico es elevado.
De manera similar, el experto en el área Jesús Martínez explicó que se trata de un “impuesto cascada” donde cada eslabón de la cadena de pago se ve afectado. Como no tiene crédito ni deducción, cuando el producto llega al anaquel, su precio ya carga el tributo varias veces piramidado, y ese sobrecosto se traslada silenciosamente al consumidor de los bienes de mayor consumo.
A este aspecto le sumó el aumento de la carga del Impuesto sobre la Renta (ISR), el cual “obliga” a las empresas a revisar sus estructuras de costos porque ninguna absorbe una mayor carga tributaria sin reaccionar, lo que traerá consigo el ajuste de sus precios para preservar su rentabilidad y proyecciones financieras.
Aunque indicó que se trata de una respuesta racional de las empresas, la consecuencia inmediata es un nuevo empuje a los precios finales, agregando que ya la inflación interanual se ubica por encima del rango meta del Banco Central, presionada por el componente energético.
Sumar un impuesto que se filtra por toda la cadena de pagos y una carga al ISR que las empresas trasladarán vía precios genera presión inflacionaria real. El Gobierno acertó al no tocar el Impuesto sobre Transferencias Bancarias y Servicios (ITBIS) ni la canasta básica, pero por la cadena de pagos y por el lado de los costos empresariales dejó abierta la misma puerta que dijo querer cerrar”, manifestó.
Impuesto sobre pasajes aéreos
Por otro lado, Haivanjoe NG Cortiñas consideró que el impuesto que aumenta US$10 a los boletos aéreos afecta de manera directa los transportes aéreos, turismo, hoteles, agencias de viajes, congresos y eventos internacionales al tratarse de mayores costos de producción, operación y comercialización y no de un aumento en la demanda.
Estimó que el conjunto de estas medidas podría añadir entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales a la inflación anual, principalmente mediante aumentos de precios relativos en determinados bienes y servicios en un escenario donde los alimentos ya alcanzan 6.56%.
“Cuando los alimentos ya registran una inflación superior al 6.5%, cualquier medida que incremente los costos de producción o comercialización merece una evaluación cuidadosa, porque puede traducirse en nuevas presiones sobre el costo de vida de la población”, dijo Haivanjoe Ng Cortinas.
