La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, promulgó el miércoles una ley que limita que agentes de las fuerzas del orden, incluidos los del ICE, lleven el rostro cubierto, convirtiéndose en el segundo estado en implementar una medida de este tipo.
El gobernador del estado de Washington, el también demócrata Bob Ferguson, firmó una ley similar hace unas semanas. En tanto, legislaturas en otros estados gobernados por demócratas han aprobado o debaten restricciones de este tipo.
Sherrill, quien asumió el cargo el 20 de enero, ha criticado abiertamente las operaciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump y el miércoles aseguró que la nueva medida en el estado forma parte de un esfuerzo en varios frentes para mantener a los residentes de Nueva Jersey a salvo.
“No puedo creer que tengamos que decir esto, pero en Estados Unidos de América no vamos a tolerar a milicias itinerantes y enmascaradas que se hacen pasar por agentes del orden bien entrenados”, declaró la gobernadora. La nueva ley también exige que los agentes presenten una identificación antes de arrestar o detener a una persona.
La medida sobre las coberturas faciales forma parte de un paquete de proyectos de ley que, según Sherrill, “protegerá la privacidad de las personas y sus derechos” y “fortalecerá la confianza entre las fuerzas del orden y nuestras comunidades”.
sin comentarios
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) no respondió de momento a mensajes en busca de comentarios. La agencia ya había calificado la medida implementada en el estado de Washington como “irresponsable, imprudente y peligrosa”.
“Para que quede absolutamente claro: no acataremos esta prohibición inconstitucional”, señaló el DHS en su momento.
El gobierno federal ya había puesto una demanda contra el estado de Nueva Jersey debido a la orden ejecutiva que firmó Sherrill el 11 de febrero, la cual prohíbe que los agentes federales de inmigración realicen arrestos en áreas no públicas que sean propiedad del estado, como centros penitenciarios y tribunales. También prohíbe que se utilicen propiedades el estado como zonas de preparación o procesamiento para la aplicación de las leyes migratorias.
