A 10 meses de que se empezaran a declarar de emergencia las compras del sector eléctrico, las licitaciones alcanzan los 15,897 millones de pesos en procesos que corren con mucha lentitud y que, en la mayoría de los casos, no han comenzado a ejecutarse.
En septiembre del 2025, mientras las interrupciones eléctricas se hacían cada vez más recurrentes, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 517-25 con el que autoriza a las principales empresas distribuidoras de electricidad (EDE) a contratar bienes, servicios y obras para incrementar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad de la red eléctrica, suplir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y fortalecer el almacenamiento de energía.
Pocos meses después, en febrero del 2026, el Gobierno, mediante el decreto 132-26, también autorizó a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) para comprar bajo esta modalidad. A julio de este año, todavía no se ha iniciado la ejecución de la mayoría de estos procesos que fueron concebidos para suplir las deficiencias del sistema.
Luego de estas declaratorias se han desarrollado al menos 30 procesos. De estos, al menos 23 han sido adjudicados, tres fueron cerrados, dos son públicos, uno fue desierto y uno fue cancelado.
El primer apagón fue el 11 de noviembre del 2025, a un mes del primer decreto, y para esa fecha solo Edenorte había publicado un proceso correspondiente a la primera convocatoria de adecuación de sus subestaciones.
El segundo apagón fue el 23 de febrero del 2026, y tres días después se emitió el segundo decreto. En ese momento, las EDE habían licitado 15 procesos.
Lentitud en los procesos
Aunque los procedimientos han sido adjudicados en su mayoría, no significa que los recursos hayan sido desembolsados en su totalidad ni que los proyectos correspondientes estén concluidos. El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, explicó a Diario Libre que este tipo de contrataciones puede tardar hasta más de ocho meses.
De acuerdo con el funcionario, hasta el momento solo Edenorte tiene proyectos en desarrollo y Edesur está muy próximo a arrancar. Indicó que solo se ha pagado el 20 % correspondiente al avance establecido para las contrataciones que ya se están ejecutando y el resto se desembolsa cuando los suplidores realizan las entregas.
Marranzini aseguró que llevan un control muy estricto de estos procesos, pero admitió que los trámites pueden ser muy "tortuosos".
"Ahora que hay una nueva ley, que faltan los decretos que debe emitir el Poder Ejecutivo, nosotros esperamos que en esas disposiciones se agilicen los procesos", reiteró.
Insistió con que siguen avanzando en estos trabajos y que, cuando sean concluidos, se publicarán los informes al respecto.
¿Qué se ha licitado?
De todos los procesos licitados, Edeeste concentra el mayor monto, con siete contratos que totalizan 7,142,409,755 pesos. Las adquisiciones más costosas de esta empresa han sido para la compra de materiales. Tuvieron una licitación en el 2025 de 1,914,032,285.26 pesos, seguida de otra de 1,284,523,704.40 para ese mismo año, en la que algunos artículos fueron declarados desiertos y llevó a una segunda convocatoria de 1,471,674,371.62 pesos que ya ha sido cerrada.
Le sigue Edesur, que registra 11 procedimientos por 4,754,447,204.32 pesos y cuyo contrato más significativo fue de 790,996,130.87 pesos para la adquisición de conductores.
Edenorte figura con siete procesos por 3,558,272,129.04 pesos, de los que el más costoso se publicó a inicios de este año por la suma de 1,449,994,781.35 pesos. La compra es de materiales de subestación.
La ETED registra tres compras después de febrero de este año, con un total de 442,004,435.53 pesos. El más costoso fue adjudicado en abril por un monto de 372,439,133.96 pesos para la construcción de la línea de transmisión eléctrica de 138 kilovoltio Juancho – Pedernales para facilitar la construcción del aeropuerto de Oviedo.
Han sido 13,919,041,053.59 pesos los adjudicados en los 23 procedimientos de Emergencia entre 2025 y 2026. De ese total, 9,169,260,428.05 corresponden a 15 procesos registrados en 2025 y otros 4,749,780,625.54 pesos a ocho procedimientos de 2026.
