Condenado a 15 años de prisión por homicidio, el psicólogo Ruthbelkis Suazo participó en una investigación científica que busca entender las raíces emocionales y cerebrales de la violencia extrema, incluyendo el feminicidio.
El caso resulta inusual, pues se trata de un privado de libertad que, desde la cárcel, colabora con especialistas en neurociencia y psicología para estudiar por qué algunas personas llegan a cometer actos violentos.
“Soy psicólogo clínico, tenía una vida normal como cualquiera de ustedes y jamás imaginé que iba a estar en una cárcel”, relató durante la presentación del estudio en los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat).
Del crimen al estudio del cerebro
Suazo fue condenado por quitarle la vida a otro hombre, un hecho que ocurrió tras un conflicto emocional que escaló hasta un momento en que perdió el control.
“Yo había soportado muchas situaciones durante meses y hubo un día en que no lo pude soportar”, afirmó.
Tras su ingreso al sistema penitenciario decidió investigar qué había ocurrido en su propio comportamiento.
“Cuando llegué a la cárcel pedí permiso para estudiar porque entendía que algo había pasado conmigo y necesitaba saber qué pasó”, explicó.
Ese proceso lo llevó a estudiar el funcionamiento del cerebro, las emociones y la conducta violenta, hasta entrar en contacto con investigadores y médicos como Jorge Morillo y Peater Stoeter, quienes lo integraron al proyecto científico sobre “Marcadores neurológicos y neuropsicológicos de feminicidas: una investigación con Resonancia Magnética Funcional”.
“No quiero que nadie llegue a lo que me pasó”
Tras once años en prisión, Suazo aseguró que su mayor motivación es evitar que otras personas repitan su historia.
“No quiero que nadie llegue a lo que me pasó a mí. Ojalá todo este proceso sirva para dejar algo a la sociedad”, expresó.
La investigación que fue desarrollada por especialistas de Cedimat, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación Manantial de Vida, analiza perfiles psicológicos y cerebrales de hombres condenados por feminicidio.
Suazo declaró que el proyecto surge ante la necesidad de comprender por qué una persona puede llegar a cometer un acto de violencia extrema contra alguien cercano.
“Cada vez que vemos que una mujer cae en manos de su pareja nos preguntamos qué hace que un ser humano sea capaz de quitarle la vida a alguien a quien le profesó amor”, comentó.
Siete años estudiando la violencia
Suazo señaló que el trabajo que hoy se presenta es resultado de siete años de análisis de diferentes manifestaciones de violencia como el feminicidio.
El estudio busca identificar patrones emocionales y cognitivos que puedan advertir cuándo una persona está en riesgo de reaccionar violentamente.
Entre los factores detectados están traumas de apego en la infancia, alteraciones emocionales profundas, celos patológicos y distorsiones cognitivas.
“Estamos tratando de reducir cientos de posibles diagnósticos psicológicos a un conjunto de variables que permitan identificar perfiles de riesgo”, manifestó.
La violencia no siempre se ve
Uno de los puntos que más enfatizó Suazo es que la violencia no siempre es visible antes de ocurrir y que una persona puede llevar una vida aparentemente normal durante años.
“Usted puede pasar su vida entera actuando como una persona correcta y formal, pero si se dan ciertas condiciones puede aparecer esa parte primitiva del cerebro”, advirtió.
Investigación para prevenir feminicidios
El proyecto también analiza marcadores neurológicos mediante resonancia magnética, con el objetivo de entender cómo funcionan ciertas áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional y la agresividad.
Los investigadores esperan que estos hallazgos permitan desarrollar instrumentos para evaluar el riesgo de violencia antes de que ocurra.
“Imaginemos que un fiscal pueda tener una herramienta objetiva para saber si una persona tiene riesgo alto o bajo de violencia”, planteó Suazo.
El proyecto contó además con el apoyo de la Dirección General de Prisiones de la República Dominicana, que facilitó el acceso a los participantes privados de libertad.
