La Junta Central Electoral (JCE) estableció el calendario de actividades administrativas y plazos legales para regular el proceso que desarrollarán con miras al montaje de las próximas elecciones generales del país.
El pleno del órgano electoral determinó que los comicios municipales serán celebrados el 20 de febrero de 2028, mientras que los sufragios congresuales y presidenciales el 21 de mayo de ese mismo año.
Además, la JCE precisó que aproximadamente un mes después, específicamente el 25 de junio, habilitarán nuevamente las urnas en caso de ser necesaria una segunda vuelta electoral para definir mediante el voto popular a quien ocupe el puesto del primer mandatario Luis Abinader, tras haber cumplido la cantidad de periodos permitidos por la Constitución.
Sin embargo, antes de pensar en la apertura de los colegios y recintos electorales, la JCE debe planificar y ejecutar algunas disposiciones que fueron variadas en la Carta Magna, luego de la reforma realizada en 2024 por la Asamblea Nacional Revisora.
Una de estas es la readecuación de la matrícula que tiene la Cámara de Diputados, la cual deberá pasar de 178 a 158 representantes territoriales.
Así lo informó el pasado miércoles el director Nacional de Elecciones de la JCE, Mario Núñez, quien explicó que esto representará un nuevo ordenamiento estructural de la representación política en la cámara baja.
Núñez explicó que la cuadragésima modificación constitucional varió además el criterio dispuesto para la escogencia de esos legisladores, eliminando el uso de los datos del Censo Nacional de Población y ordenando la introducción del padrón electoral.
“También se reduce el criterio que se va a tomar en cuenta para la redistribución. Es importante porque eso va a impactar la representación política en las demarcaciones y no solo nosotros tendremos que afrontarlo, sino que las organizaciones políticas a lo interno de ellas también tendrán que reflexionarlo”, afirmó Núñez durante encuentro realizado en la sede electoral con los delegados de las organizaciones políticas.
Mientras tanto, se mantendrá la misma cantidad de los demás tipos de representación en la Cámara de Diputados: Cinco elegidos a nivel nacional por acumulación de votos entre los partidos políticos que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos del 1% de los votos, así como siete en representación de la diáspora dominicana en el exterior.
Otra fecha importante
La JCE también fijó el 3 de octubre del próximo año, primer domingo de ese mes, como la fecha límite para la celebración de las elecciones internas en las entidades políticas.
“Hasta ese domingo tenemos de plazo para celebrar las primarias internas en los casos de aquellas organizaciones políticas que escojan esta metodología de elección de sus candidatos y candidatas”, aclaró Núñez.
Mientras que la fecha final para finalizar la selección de los candidatos será el día 31 de ese mes, los cuales antes deberán ser escogidos a través de asambleas, convenciones o encuestas, según lo dicta la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
Por otro lado, adelantó que la JCE necesita “hacer un cierre administrativo” en mayo de 2027 para la celebración de las primarias en las organizaciones políticas, las cuales decidan optar por ese mecanismo.
“Ese proceso interno ofrece una diversidad de opciones, entonces la Junta tiene que sellar muy tempranamente cuáles serán los criterios que vamos a adoptar y cuáles se utilizarán en las primarias”, indicó.
El “cierre legal de las inscripciones” para las elecciones de febrero está pautado en octubre de 2027 y en febrero de 2028 para las de mayo.
Si (una persona) no ha obtenido su cédula por alguna razón, tendrá la oportunidad de actualizar su cédula posteriormente, (pero) quedará fuera de las primarias, por no haberse inscrito en tiempo hábil”, afirmó.
Línea de trabajo
Núñez detalló que tienen en agenda la realización superior a 408 actividades administrativas, junto a la apertura y clausura de 117 plazos legales como parte de la celebración del proceso electoral venidero.
El presidente del pleno de la JCE, Román Jáquez Liranzo, aseguró que esta planificación permitirá garantizar mayor control en el apego a las disposiciones legales a las cuales los partidos políticos deben someterse.
