El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, aclaró la naturaleza y el alcance de esta nueva institución, subrayando que su creación no procura intervenir en la labor de los jueces, sino reorganizar las funciones administrativas que históricamente han lastrado la operatividad del Ministerio Público y del Estado dominicano.
Peralta explicó que el Ministerio de Justicia nace como parte de una reforma institucional integral impulsada por el presidente Luis Abinader para garantizar un régimen de justicia "justa y oportuna".
El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía y a los profesionales del derecho a comprender que el ministro de Justicia es un actor político-administrativo del gobierno, cuya misión es servir de puente técnico entre el Ejecutivo y el sistema judicial, sin interferir en la autonomía de los fiscales ni en la imparcialidad de los jueces.
“Yo no soy un funcionario de la justicia, yo soy un funcionario del gobierno central, y si ven en una actividad política no se sorprendan”, adujo el funcionario en el Desayuno del Listín Diario, moderado por el director del periódico, Miguel Franjul, y el subdirector Fabio Cabral.
Peralta señaló que, anteriormente, el Poder Ejecutivo tenía funciones "incrustadas" dentro del Ministerio Público que no correspondían a la persecución penal.
“Estamos trayendo todas las tareas que el Poder Ejecutivo tenía metidas dentro del Ministerio Público hacia su lugar natural. El Ministerio de Justicia no tiene relación directa con la función de juzgar personas; es una institución del gobierno central”, enfatizó.
Los ejes principales del nuevo Ministerio
El ministro detalló las áreas estratégicas que ahora estarán bajo su mando, las cuales buscan modernizar la administración pública, como el sistema penitenciario, que pasa a ser una dirección descentralizada con autonomía financiera bajo la sombrilla del Ministerio de Justicia.
Mencionó también la abogacía de la Administración Pública, con el objetivo de defender al Estado en tribunales contenciosos administrativos, funciones que antes realizaban fiscales penales ajenos a esa especialidad.
Sostuvo que ahora toda demanda y notificación a una entidad del Estado, de carácter judicial, la ley obliga que se notifique en un plazo de 24 horas al Ministerio de Justicia, para que este coordine la representación del Estado.
También solución de conflictos, ya que se establecen direcciones para supervisar contratos con cláusulas arbitrales, evitando que el Estado siga perdiendo "millones de dólares" por falta de asesoría experta previa.
Sostuvo que en el caso de los arbitrajes, todos los funcionarios del Estado que vayan a suscribir un contrato que contenga una clausula arbitraria, deben notificársela a esa dirección para que un grupo de expertos decida si la misma es favorable o no para los intereses del Estado.
Una de las precisiones más importantes hechas por el funcionario fue la corrección de un error en versiones previas de un proyecto de ley. La coordinación del Sistema de Prevención del Crimen recaerá directamente sobre el Presidente de la República.
"Se corrigió para atribuir la coordinación al Presidente porque involucra a varios ministerios de igual rango: Interior y Policía, Cultura, Deportes, la Mujer y el Ministerio de Justicia con un papel protagónico", detalló Peralta. El objetivo es evitar que cada institución tenga programas dispersos y, en cambio, ejecuten una política unificada.
Igualmente, en cuanto a asuntos registrales, dijo que el Ministerio asumirá trámites administrativos como el registro de las ONG y certificaciones de notarios, liberando al Procurador General de tareas burocráticas para que pueda enfocarse en la investigación criminal.
Sobre derechos humanos, destacó que la responsabilidad internacional del país en esta materia pasa de la Cancillería al Ministerio de Justicia, por ser su área de competencia natural.
Un "rompecabezas" institucional
Peralta recordó que esta reforma no es aislada y que se vincula con la reciente modificación constitucional que otorga al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la facultad de designar al Procurador General, excluyendo a este último de ese consejo para garantizar su independencia.
También se refirió a la carga administrativa que hoy agobia a la Presidencia, como lo es la revisión de los Exequátur de los abogados (antes manejados por la Procuraduría) y que ahora asumirá el Ministerio de Justicia.
No obstante, Peralta apoya la idea de que estos procesos terminen en los ministerios correspondientes (como Educación Superior) para que el Presidente no tenga que firmar decretos individuales por cada profesional graduado en el país.
Asimismo, dijo que el Ministerio de Justicia contará con laboratorio de análisis legal y la consolidación del Instituto de Formación Penitenciaria, herramientas que buscan frenar el "debilitamiento de la autoridad" en el país.
Participantes y anfitriones en el Desayuno del Listín Diario.JOSÉ A. MALDONADO/LD
Peralta explicó que, al igual que la Consultoría Jurídica vela porque el Gobierno actúe bajo el marco de la ley, el nuevo Ministerio de Justicia contará con un laboratorio especializado para analizar los temas legales de la nación.
Otro de los pilares fundamentales es la gestión del Instituto de Formación Penitenciaria (ITP). Bajo la sombrilla del Ministerio, este centro educativo tendrá la responsabilidad de formar de manera profesional a todo el personal que trabaja en los recintos carcelarios del país.
Según Peralta, este esfuerzo es esencial para garantizar que el sistema no solo sea un lugar de custodia, sino un espacio regido por el respeto a los derechos humanos y la formación técnica.
