El pasado 1 de enero entró en vigor un nuevo cargo federal del 1 % al envío de remesas en efectivo en Estados Unidos, un impuesto que genera preocupación entre los mayores beneficiarios del dinero enviado desde suelo estadounidense —sobre todo en Latinoamérica—, pero que al mismo tiempo pone el foco sobre las modalidades digitales para el envío de remesas.
El impuesto, aprobado el año pasado dentro del paquete fiscal impulsado por Donald Trump y conocido como "One Big Beautiful Bill Act" (una ley grande y hermosa, en español), se cobra al emisor de la remesa únicamente cuando la remesa se envía en efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos.
Esto significa que si la persona que envía el dinero utiliza medios electrónicos o directamente del banco o usando aplicaciones de envío de dinero en el celular o una billetera digital, estará exenta del pago impositivo.
Carlos, un nombre ficticio para mantener su anonimato, indicó que desde su llegada a Estados Unidos hace casi una década con una visa de no inmigrante, utiliza varias aplicaciones para enviar dinero a sus familiares en la República Dominicana y asegura que actualmente prefiere las transferencias entre cuentas, debido a que son más baratas, rápidas y cómodas para el beneficiario.
Una pareja joven de dominicanos también señaló que utiliza aplicaciones para el envío de dinero, las cuales tienen la particularidad de transferir los fondos directamente a las cuentas de las principales entidades bancarias del país.
Vianela, residente en el Bronx, admitió que todavía prefiere utilizar el método tradicional de acudir con su efectivo a una agencia y optar por que la remesa llegue directamente a la casa de su madre en Santo Domingo Este. Sin embargo, confirma que su círculo de amigos utiliza cada vez más los canales digitales.
La última vez que envió dinero fue en diciembre, por lo que todavía no se ha visto afectada por el nuevo gravamen.
La medida afecta sobre todo a aquellas personas que aún utilizan efectivo u otras formas físicas para realizar estos envíos, ya sea porque se sienten más cómodas de esa manera o porque se les complica el uso de aplicaciones o computadoras.
El gravamen inicialmente propuesto por la Administración Trump era del 5 %, pero el Congreso estadounidense lo redujo a un 1 %.
El impuesto y su alcance
El impuesto es del 1 % sobre el monto enviado y lo paga la persona que envía el dinero, no quien lo recibe en el extranjero, por lo que no reduce el monto que llega a la familia.
Se trata de un cargo adicional que se aplica al momento del envío en Estados Unidos y que se suma a las comisiones que ya cobran las empresas de remesas.
- Además, afecta tanto a personas con estatus legal como a indocumentadas, siempre que utilicen los métodos de pago alcanzados por la norma.
De acuerdo con Univision, inicialmente se había contemplado que el impuesto sería aplicable solo a "no ciudadanos", pero finalmente se aplicará a todas las personas que envíen dinero en efectivo.
En ese sentido, el cargo será aplicable a unos 23 millones de inmigrantes con residencia permanente en Estados Unidos, 14 millones con visas de no inmigrante y cerca de 12 millones sin estatus migratorio legal, señala la cadena de noticias citando al Instituto para el Desarrollo en el Exterior (ODI), un centro de análisis con sede en Londres.
Esta es la primera vez que el gobierno federal estadounidense implementa un impuesto a las remesas sobre transferencias individuales, explicó el ODI.
El caso de México
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocho de cada 10 migrantes latinoamericanos envían dinero a sus familias para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda o atención médica, siendo México el mayor receptor de remesas provenientes de Estados Unidos en Latinoamérica.
Por esta razón, el gobierno mexicano creó una alternativa para quienes envían dinero a ese país.
Según recoge Univision, el programa de la Financiera para el Bienestar (Finabien) consiste en un dúo de tarjetas: una para la persona que envía el dinero desde Estados Unidos y otra para quien lo recibe en México.
La persona en Estados Unidos puede llevar efectivo a ciertas tiendas y depositarlo en la tarjeta, mientras que la persona en México recibe el dinero en la otra tarjeta, que funciona como una cuenta bancaria, explicó la cadena.
De acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 % cobrado por el impuesto será reembolsado automáticamente en el saldo de la tarjeta una vez que se deposite la remesa.
Impacto del cargo dentro y fuera de EE. UU.
La entrada en vigor del impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos —que en 2023 totalizaron 656,000 millones de dólares— no solo impactaría los ingresos que dejarían de percibir los países receptores, sino que también podría influir en un aumento de la migración irregular y afectar directamente los intereses económicos de Estados Unidos.
Según el informe de ODI, el aumento de las dificultades para enviar dinero al extranjero podría llevar a que quienes dependen de esas remesas se vean en la necesidad de migrar.
"Una posible disminución de las remesas debido a los impuestos podría aumentar la intención de migrar, teniendo el efecto opuesto a la agenda migratoria de Trump", señaló el organismo en su análisis.
Además de incentivar la migración desde los países receptores, los inmigrantes en Estados Unidos podrían recurrir a vías informales para enviar dinero, con riesgos asociados de seguridad, lavado de activos y pérdida de trazabilidad.
El ODI alertó que el impuesto a las remesas tendría un impacto negativo en la economía de Estados Unidos, ya que recaudaría menos del 0.1 % del presupuesto nacional en un período de 10 años.
Además, advirtió que la medida afectaría a las empresas de remesas, reduciría el consumo de los migrantes y podría ralentizar el crecimiento económico.
Según el análisis del ODI, en términos de ingresos, México sería el país más afectado por el impuesto a las remesas, al perder alrededor de 1,500 millones de dólares anuales.
También resultarían impactados negativamente India, Filipinas, China y otros países de América Latina y el Caribe, como Guatemala, República Dominicana y El Salvador.
Ya en julio, el economista Franklin Vásquez advertía que el impacto para la República Dominicana sería de dos tipos: una reducción en los montos recibidos y efectos negativos para la población beneficiaria de remesas.
