La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió este jueves que las empresas que dañen el medio ambiente ya no solo se exponen a sanciones administrativas en el nuevo Código Penal, también sus administradores, directivos o encargados pueden ser condenados penalmente e ir a las cárceles con la nueva Ley 74-25.
Ramos dijo que, aunque la normativa, que entrará en vigencia el próximo año, no sea exclusivamente ambiental, su aplicación en el ámbito ecológico implicará "que las conductas que atenten contra el medio ambiente, por ejemplo, contaminación grave, explotación de recursos sin autorización, vertidos, puedan tener consecuencias penales.
En consecuencia – continuó la funcionaria- los administradores, directivos o encargados de empresas pueden enfrentar sanciones de prisión mayor y multas significativas, dependiendo de la gravedad del daño causado y del grado de culpabilidad".
Durante una conferencia titulada "Responsabilidad ambiental y rol del sector empresarial ante la Ley 74-25 del Código Penal Dominicano", la fiscal del Distrito Nacional detalló que la responsabilidad penal de las empresas "se configura incluso cuando el hecho delictivo deriva de omisiones en los deberes de supervisión, control o dirección".
Consideró que, por su novedad de castigar penalmente el daño al medio ambiente, la Ley 74-25 "consolida una tendencia moderna del derecho sancionador, en la que las empresas no pueden excusarse en la actuación individual de sus empleados".
En ese orden, subrayó que "ya no basta con cumplir regulaciones ambientales básicas, ahora la dimensión penal y de responsabilidad jurídica se torna central".
Para Ramos, los operadores económicos generalmente, suelen considerar el medio ambiente como un bien público del que tiene que hacerse responsable el Estado solamente, en lugar de hacerlo el causante de los daños que se le hayan infligido.
Christy Luciano, presidenta interina del consejo directivo de Ecored, destacó que el desarrollo empresarial y la protección del medio ambiente no son caminos opuestos, sino rutas complementarias que deben avanzar juntas para aspirar a un futuro verdaderamente sostenible.
Marca un hito
La presidenta de Ecored, Chisty Luciano, señaló que la próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal, con sus disposiciones sobre delitos ambientales, marca un hito en la evolución del marco legal dominicano.
"Este avance reafirma que la protección ambiental es también una obligación legal, y que la actuación empresarial responsable debe regirse por los más altos estándares de cumplimiento y ética", precisó.
Al intervenir en el encuentro, en el Hotel El Embajador, Luciano enfatizó que "más allá del cumplimiento, este cambio representa una oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos ambientales, mejorar la gobernanza corporativa y proteger la reputación de nuestras organizaciones".
La fiscal del Distrito Nacional dictó la conferencia invitada por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored).
