Una misma red tecnológica maneja la identidad de dos países y el ADN digital de una nación.
Cuando un Estado decide quién imprime sus cédulas, fabrica sus pasaportes, emite sus licencias de conducir o programa el chip que late dentro de ellos, está decidiendo mucho más que una licitación. Está decidiendo quién custodia la identidad de sus ciudadanos. En una era en la que la soberanía se mide en datos y metadatos, el control de la información se ha convertido en la nueva frontera de poder.
En la República Dominicana, tres contratos públicos —aparentemente independientes— revelan una arquitectura empresarial tan precisa como inquietante: el consorcio EMDOC en la Junta Central Electoral (JCE), Mobility ID en el Intrant, y MIDAS Dominicana en la Dirección General de Pasaportes (DGP). Tres instituciones, tres procesos distintos, pero una misma sombra tecnológica detrás: Veridos GmbH, la empresa alemana que imprime las cédulas haitianas y que, paradójicamente, hoy figura como suplidor o socio transversal en los tres sistemas dominicanos de documentos de identidad.
La inversión total en los sistemas de identidad supera hasta el momento los RD$11 mil millones de pesos. Tres contratos distintos, pero un mismo ADN comercial.
El reciclaje documental y otras coincidencias:
Los pliegos de licitación suelen ser documentos técnicos y únicos para cada proceso; sin embargo, en el expediente del Intrant aparecen documentos del consorcio de la JCE. ¿Cómo podría ocurrir esta mezcla de documentos siendo procesos y personas diferentes? Los deslices aparecen bajo declaración jurada notariada… a nombre del Consorcio EMDOC, adjudicatario de la JCE. Y no solo una sino varias veces.
Además, marcado con la palabra “CUMPLE” y como este, otras coincidencias o inadvertencias que pasaron desapercibidas. Talvez un error de copiar y pegar.
El artículo 260 de la Constitución Dominicana y el Libro Blanco de la Defensa Nacional (páginas 72 y 73) reconoce la identidad nacional, la seguridad y la información de los ciudadanos como activos de alto interés estratégico. En ese contexto, entregar el control tecnológico y operativo de los sistemas de identidad a una red de empresas con presencia simultánea en Haití —donde también imprimen documentos de identidad— es, cuando menos, una decisión temeraria.
Más aun cuando los antecedentes internacionales de Veridos incluyen investigaciones o litigios en Kosovo, Guyana, Uganda, Nepal y la República Democrática del Congo, todos países con débil institucionalidad. En algunos, los cuestionamientos giraron en torno a sobrecostos, irregularidades aduanales, evasión fiscal o dependencias tecnológicas que comprometieron la soberanía de sus registros civiles.
Los vacíos de diligencia
La Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas es clara:
- El artículo 3.2 prohíbe prácticas que afecten la igualdad y libre competencia.
- El artículo 3.6 impone el principio de responsabilidad y buena fe en la protección de los derechos de terceros.
- El artículo 3.8 obliga al Estado a procurar la participación del mayor número posible de oferentes.
Sin embargo, las tres adjudicaciones terminaron en manos de un mismo ecosistema comercial. No se trata de un monopolio legal —que solo puede existir en beneficio del Estado— sino de uno funcional, una concentración fáctica del poder documental de la nación en un coincidente grupo transnacional.Veridos: el denominador común
En el caso del Intrant, Veridos aparece como proveedor tecnológico dentro del consorcio Mobility ID, responsable de la provisión de software, sistemas de personalización y codificación de licencias de conducir. En Pasaportes, según el contrato PEEX-001-2024, las libretas serán fabricadas exclusivamente por Veridos GmbH, y el proveedor Midas Dominicana deberá subcontratar sus servicios para el diseño y confección de las 750,000 libretas de pasaportes. En la JCE, Veridos forma parte del consorcio EMDOC, encargado del rediseño, emisión y mantenimiento del nuevo documento de identidad nacional.
El valor de los datos y la urgencia del Estado vigilante
Hoy, los datos personales valen más que el oro o el petróleo. Quien controla la emisión de documentos controla la movilidad, el crédito, el voto y la libertad digital de una población. Por eso, la soberanía no se defiende solo con leyes, sino con firewalls, claves maestras y auditorías permanentes. Y porque las fronteras ya no son líneas en un mapa, sino líneas de código, el Estado debe ser su propio guardián, no un simple contratante.
El caso Veridos demuestra que, en la era digital, la independencia de un país no se decreta, se cifra.
