El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, uno de los principales imputados en el caso Calamar, aseguró este viernes que demostrará con pruebas la transparencia con la que ejerció sus funciones al frente de la administración pública.
Guerrero ocupó el cargo de ministro de Hacienda de 2016 a 2020 durante el segundo mandato del expresidente Danilo Medina. Hoy se dirigió ante el tribunal que sigue el juicio de este caso y habló por poco más de un minuto.
Allí denunció que un informe elaborado por la Unidad de Fraude de la Contraloría General de la República, en el que se sustentan diversas diligencias procesales del caso, nunca le fue notificado.
Esto, dijo Guerrero, ha vulnerado de manera directa lo establecido en la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y el procedimiento administrativo.
“El informe jamás me fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta violación del debido proceso”, expresó frente a la jueza.
El exfuncionario también reprochó que ese documento fuera divulgado a la prensa y utilizado como soporte de decisiones judiciales “durante más de cuatro años, todo ello a mis espaldas y en violación de mis derechos fundamentales”.
Guerrero advirtió que cuando corresponda ejercer formalmente su defensa demostrará “de manera irrefutable la absoluta transparencia con que desempeñe funciones públicas”.
En el expediente de Operación Calamar, el Ministerio Público imputa a veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Otros implicados en el caso son: el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
También el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público acusa al grupo de incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
Aún no corresponde presentar su defensa
El equipo legal del exministro de Hacienda informó que en la jornada de este viernes no expondría sus medios de defensa ya que el tribunal tiene un calendario establecido para las defensas que hay que respetar.
Explicó que únicamente se dejaría constancia en acta de que una supuesta prueba —el denominado informe de la Contraloría del año 2021— jamás les fue comunicada, a pesar de que tanto el Ministerio Público como algunos querellantes la han invocado de manera reiterada en sus alegatos.
Tal proceder, manifestó, constituye una abierta vulneración del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de contradicción.
Recordó que, durante cinco años de tramitación —iniciados en agosto de 2020—, Guerrero ha observado una conducta intachable: se ha abstenido de ejercer presión mediática o de emitir declaraciones que pudieran influir en la imparcialidad de los tribunales; ha contribuido de manera más activa al avance del proceso que el propio Ministerio Público, los demás imputados o los querellantes.
“Nunca ha faltado a una audiencia ni presentado excusa alguna; y jamás ha recurrido a defensas extemporáneas ni a manifestaciones públicas improcedentes”, precisó su defensa.
Indicaron además que, en el momento oportuno, y no al compás de estrategias mediáticas tendenciosas, Guerrero ejercerá su defensa de forma integral, rebatirá punto por punto las violaciones e irregularidades que han caracterizado este proceso desde su inicio en 2020, y lo hará con la firmeza y la serenidad que la justicia demanda.
Señalaron que, al momento de exponer su defensa, abarcará cada uno de los elementos que justifican su inocencia y el despropósito de los alegatos de la acusación del Ministerio Público, basada en hechos inexistentes y valoraciones acomodaticias para crear una narrativa satisfactoria de un proceso carente de objeto jurídico, pero abundante en motivos políticos y personales.
“Su intervención en el día de hoy se limita, puntualizaron, a establecer que una supuesta prueba permaneció oculta durante casi cuatro años para él y su defensa”, insistió.
