Con el nombramiento de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, el Gobierno dominicano activó el plazo legal de 12 meses para poner en funcionamiento el Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 80-25, promulgada en agosto de 2025.
La designación de Peralta se produjo el 5 de enero de 2026, mediante el Decreto 1-26, emitido por el presidente Luis Abinader. A partir de esa fecha comenzó a correr el período de aplicación diferida previsto en la ley para la implementación completa de la nueva institución.
El artículo 66 de la Ley 80-25 establece que el Ministerio de Justicia debe entrar en funcionamiento definitivo en un plazo máximo de 12 meses contados desde la designación del ministro.
Esto implica que, a más tardar en enero de 2027, deberán estar operativos el despacho del ministro, los viceministerios y las dependencias administrativas previstas en la normativa.
La ley contempla una puesta en marcha gradual. Dentro de ese mismo proceso de transición, se fija un plazo adicional de hasta 18 meses para la adscripción definitiva al Ministerio de Justicia de entidades como la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Procurador General Administrativo, que actualmente operan bajo otras dependencias del Estado.
Separa funciones administrativas
El Ministerio de Justicia fue creado con el objetivo de separar funciones administrativas y de gestión del sistema de justicia que hasta ahora recaían en la Procuraduría General de la República, sin afectar la independencia del Ministerio Público en la persecución penal.
Entre sus atribuciones figuran la coordinación de la política estatal contra la criminalidad, la representación judicial y extrajudicial del Estado, la supervisión del sistema penitenciario, la administración de asuntos registrales y la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos.
La estructura del nuevo ministerio incluye seis viceministerios: Atención y Colaboración al Sistema de Justicia; Representación Judicial y Extrajudicial; Derechos Humanos; Políticas Públicas contra la Criminalidad; Políticas Penitenciarias y Correccionales; y Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.
Para el año 2026, el Presupuesto General del Estado consignó RD$4,175.7 millones para la puesta en marcha del Ministerio de Justicia. De ese monto, el 80 % está destinado a gastos corrientes y el resto a gastos de capital, con el objetivo de cubrir infraestructura, personal y sistemas administrativos.
Con la designación del ministro y la activación formal del plazo legal, el Gobierno queda obligado a ejecutar, dentro del año establecido por la ley, las acciones administrativas, presupuestarias y organizativas necesarias para que el Ministerio de Justicia opere plenamente como parte de la estructura del Poder Ejecutivo.
