El Ministerio Público consideró la prisión preventiva como la medida de coerción más adecuada para aplicar en el caso de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros implicados en el supuesto entramado de corrupción que se benefició del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
“Ahora deben pagar por sus atrocidades, a esas personas les estamos solicitando que se le imponga prisión preventiva, que entendemos es la medida de coerción adecuada para este proceso”, sostuvo la madrugada de este sábado el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Explicó que el órgano persecutor concluyó con la lectura de la solicitud de medida de coerción a los arrestados en la denominada "operación Cobra", en la cual solicita prisión preventiva para Hazim Albainy y otros de los involucrados en el entramado que afectó la administradora de riesgos de salud (ARS) perteneciente a todos los dominicanos.
Recordó que el entramado que desfalcó al Senasa con más de 15 mil millones de pesos, estuvo liderado por Santiago Hazim.
Después de la 1:00 de la madrugada, el juez Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.
“Terminamos de presentar la solicitud de medida de coerción en el día de hoy, incluyendo las réplicas del Ministerio Público”, dijo Camacho al responder preguntas de los miembros de la prensa que abordaron a los fiscales a la salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal, “que es algo que ya ustedes saben”, dijo, al referirse al hecho de que los propios abogados de los procesados lo habían estado informando a la prensa.
El Ministerio Público solicita para varios imputados 18 meses de prisión preventiva y que se declare el caso de tramitación compleja por la pluralidad de víctimas, destacando que se trata de una ARS que tiene bajo su cobertura más de 7 millones de dominicanos.
Entre los procesados que recibieron más de 2 mil millones de pesos en sobornos, figura, además del exdirector de la institución Santiago Hazim, el exconsultor Jurídico de la entidad, Germán Robles.
El jueves el Ministerio Público presentó un legajo de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales.
La audiencia continuó el viernes con la presentación de las defensas y luego con la réplica del Ministerio Público.
Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
