Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras a tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los que acusa de tener vínculos con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Los tres forman parte de una batería de sanciones de la Administración de Donald Trump que también afecta al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, y bloqueando a seis buques.
El Departamento del Tesoro apuntó en un comunicado que Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los «narcosobrinos», los arrestaron en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en Estados Unidos en 2016.
Indulto de los «Narcosobrinos»
La anterior Administración de Joe Biden les concedió un indulto en octubre de 2022 como parte de un intercambio con el Gobierno de Nicolás Maduro y regresaron a Venezuela, desde donde, según Washington, retomaron las actividades de narcotráfico en 2025.
Según el Tesoro, Malpica Flores, el tercero de los sobrinos, fue vicepresidente de la petrolera estatal PDVSA y lo sancionaron en 2017, pero en 2022 el Gobierno de Biden le retiró las sanciones para facilitar un acuerdo con Maduro para la celebración de unas elecciones democráticas.
Entre los otros sancionados está también Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que, según Washington, «ha participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro».
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las sanciones sirven para deshacer «el fallido intento de la Administración de Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial».
El Departamento de Estado apuntó en un comunicado que los sancionados apoyan «al régimen corrupto e ilegítimo de Maduro en Venezuela».
Estas sanciones son un nuevo paso en la estrategia de presión de Trump sobre Maduro, tras haber incautado el miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela y haber destruido numerosas embarcaciones en el Caribe que, según Washington, formaban parte de una operación del narcotráfico vinculada con el Gobierno venezolano.
