El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso para once agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) de la Policía Nacional, acusados de participar en la presunta ejecución planificada de cinco hombres en una plaza de Santiago el pasado 10 de septiembre de 2025.
En su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que la gravedad del crimen y la alta jerarquía de los imputados requieren el máximo tiempo de investigación.
De acuerdo al relato fáctico del MP el 10 de septiembre del 2025, el mayor Álvaro Paredes Paniagua, capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo De Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez; y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Policía Nacional, se dirigieron a Santiago a realizar un supuesto operativo de un caso de tráfico de armas que estaban investigando.
Estando en Santiago, se reunieron en la Dirección Cibao Central de la policía en Santiago con el mayor Hansel Michel Cuevas Carrasco, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo, el cabo César Augusto Martínez Trinidad y el raso José Octavio Jiménez Peña, todos adscritos al Dicrim en esta demarcación, y acordaron ir hacia la Avenida Olímpica, Corona Plaza, sector La Barranquita.
Los imputados salieron distribuidos en tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux, un vehículo marca Kia y uno marca Toyota Yaris.
Las cámaras de seguridad del 911 documentaron que el 10 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 2:21 p.m., los imputados posicionaron sus vehículos cerca de la Avenida Olímpica.
Seguidamente, a las 2:22 p. m., llegó el vehículo conducido por Carlos Enrique Guzmán Navarro y, a las 2:23 p.m., el vehículo de José Vladimir Valerio Estévez, quien se reunió con otras víctimas a bordo de un Mazda.
Las víctimas entraron al parqueo de la plaza cerca de las 2:26 p.m. Inmediatamente, los imputados avanzaron y se ubicaron frente a la entrada de la plaza, salieron de sus vehículos y dispararon contra Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez y José Vladimir Valerio Estévez, quienes murieron a causa de múltiples proyectiles de arma de fuego. El Cabo Yohandy Encarnación resultó herido en los hechos.
Luego de cometer los hechos, los once imputados, identificados con sus nombres completos, sustrajeron los DVR de los negocios del lugar, así como varios teléfonos celulares de distintas personas presentes.
Adicionalmente, el testigo Ramón Emilio Abreu Corona, propietario del establecimiento Tecnopolis, recibió múltiples llamadas por WhatsApp de agentes de la Policía Nacional, quienes lo presionaban para que acudiera y abriera su negocio, que estaba cerrado.
Al llegar al lugar, el señor Abreu Corona observó los cadáveres en el parqueo, y tras abrir su local a requerimiento de los policías, varios agentes entraron, le manifestaron que habían prevenido un atraco y se llevaron el DVR del negocio.
Luego de los hechos, se presentó la fiscal Cristina Ramírez junto a la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen (Policía Científica) de Santiago, a cargo del cabo Luis Ramón Marte Duarte, para realizar el levantamiento de los cadáveres y el trabajo de campo.
El equipo colectó múltiples evidencias relevantes para la investigación, incluyendo un Revólver Taurus calibre .38, una pistola Browning calibre 9 mm y una pistola Glock calibre .45, un fusil calibre 5.56 y una Mini Uzi calibre 9 mm, halladas algunas dentro de los vehículos de las víctimas.
En la escena se recogieron además casquillos de calibres 9 mm, 5.56 mm y .45 mm, y en un vehículo se tomaron muestras de residuo de pólvora (absorción atómica). Posteriormente, el 24 de septiembre de 2025, el MP colectó otro proyectil mutilado en el callejón lateral.
Los informes de Autopsia Judicial Definitiva, emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el 25 de septiembre de 2025, confirmaron que la causa de muerte de las cinco víctimas —Edward Bernardo Peña Rodríguez, José Vladimir Valerio Estévez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez— fue por heridas de proyectil de arma de fuego.
Los documentos médicos-legales establecieron la etiología como homicida, señalando que el mecanismo de muerte fue por shock hemorrágico y que la forma de producirse fue rápida.
Además, se indica que se recuperaron proyectiles en las autopsias realizadas a Carlos Enrique Guzmán Navarro, Julio Alberto Gómez y Edward Bernardo Peña Rodríguez.
El ministerio público ha enmarcado la conducta de los imputados con los tipos penales de Asociación de Malhechores y Homicidio Voluntario, tal como se describen en los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
