Sin titubeos, el presidente de la República Luis Abinader alineó la estrategia comercial dominicana con la estadounidense y emitió el Decreto 502-26 para prohibir la entrada de mercancías producto del trabajo forzoso al territorio dominicano. La medida tiene a las dependencias del Estado formulando cómo llevarla realmente a la práctica, en medio de un sector privado que aboga por mantener la competitividad y pide por seguridad jurídica.
El decreto, publicado apenas unas horas antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump a 60 países –con una tasa de 12.5 % en el caso dominicano– ordena a las aduanas dominicanas a establecer un procedimiento que determine cuáles productos han sido fruto del trabajo forzoso "en cualquier etapa de la cadena de suministros" y establecer un registro de mercancías restringidas.
Además, esta institución deberá sustentarse en una evaluación técnica a cargo del Ministerio de Trabajo, que compruebe que las mercancías realmente fueron elaboradas mediante estas prácticas antes de tomar cualquier decisión que frene su ingreso al país.
Aún bajo análisis
Diario Libre consultó a la Dirección General de Aduanas (DGA) para saber cómo se realizará esta verificación sin depender solo de los informes o denuncias realizadas por terceros y organismos internacionales como lo establece el documento, así como si la medida requerirá de cambios operativos; pero, no obtuvo una respuesta al cierre de esta entrega informativa.
"El Ministerio de Trabajo está evaluando técnica y operativamente el alcance del Decreto 502-26, con el objetivo de garantizar una implementación eficaz y rigurosa", se limitó a responder el titular de esta institución, Eddy Olivares, al respecto.
El funcionario recordó que la entidad que dirige cuenta con una experiencia acumulada en materia de inspección laboral, cumplimiento normativo y erradicación del trabajo infantil y forzoso. "Sin embargo, este es un nuevo tema relativo a cadenas globales de suministro, el cual asumiremos en sintonía con el decreto", puntualizó.
En tanto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, publicó en su cuenta de X que existe "optimismo" con el "diálogo constante" que el Gobierno sostiene con las autoridades estadounidenses sobre las nuevas medidas arancelarias adoptadas y valoró el apoyo de gremios como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que llamó a "evaluar con precisión" las repercusiones de la política arancelaria estadounidense sobre el país.
Mantener el debido proceso
Al reaccionar al anuncio de la nueva política arancelaria y las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno dominicano, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) instó a tomar acciones que prevengan y combatan el trabajo forzoso con transparencia, sustentando la evidencia y respetando el debido proceso y la seguridad jurídica.
"Estos principios son fundamentales para fortalecer la confianza, la competitividad y la sostenibilidad del comercio internacional, así como para consolidar cadenas de suministro responsables y alineadas con los estándares laborales internacionalmente reconocidos", puntualizó el gremio en una nota de prensa.
Asimismo, señaló que la prevención y erradicación del trabajo forzoso requiere una colaboración continua entre las autoridades, el sector empresarial y los actores vinculados a la cadena de suministros para identificar riesgos, fortalecer el cumplimiento y promover prácticas empresariales responsables.
Incertidumbre y preocupaciones
Para la Asociación de Zonas Francas de la República Dominicana (Adozona), las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos "introducen incertidumbre en el comercio internacional" y puede repercutir sobre la competitividad de economías como la dominicana, integrada a las cadenas regionales de suministros.
En una nota de prensa, el gremio consideró indispensable "evaluar con precisión su alcance, las excepciones aplicables y sus implicaciones para las exportaciones dominicanas", aspecto en el que coincidió con el Conep, gremio que se encuentra en seguimiento de las medidas y en colaboración con las autoridades dominicanas mediante el intercambio de análisis técnicos e información que contribuyan a una correcta evaluación de las medidas.
Adozona recordó que las zonas francas dominicanas forman parte de un sistema productivo "altamente integrado" con los Estados Unidos en sectores estratégicos como dispositivos médicos, manufactura avanzada, electrónica, confecciones y servicios.
En línea con este enunciado, la Asociación Dominicana de Exportaciones (Adoexpo) consideró que el país debe concentrar sus esfuerzos en preservar la competitividad de las exportaciones sin perder la relación estratégica con los Estados Unidos como principal mercado de los productos nacionales, exhortando a mantener abierta la comunicación bilateral y abordar "con serenidad" la medida, contando con una coordinación entre el sector público y el sector privado.
¿Prevenir o imponer aranceles?
Aunque la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) argumenta que la medida busca "erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministros globales", apunta más al interés del presidente Donald Trump de mantener las medidas arancelarias tomadas desde hace más de un año, las cuales ha tenido que sustentar en varios marcos legislativos para ejecutarlas como el mandatario ha prometido desde abril del 2025.
La decisión –amparada en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974– entró en vigencia justo el día después del vencimiento de la orden ejecutiva con la que Trump impuso el pasado 23 de febrero un arancel de hasta 15 % invocando la sección 122 de esta misma ley, lo que le permitió sostener los gravámenes durante 150 días.
Este nuevo arancel es el segundo intento de Trump para mantener su ofensiva comercial luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos determinara que los aranceles cobrados desde abril del 2025 eran ilegales por estar amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En ese momento, la Corte Suprema determinó que el Gobierno estadounidense "se extralimitó en los poderes de emergencia", al sustentar los gravámenes en una ley que carece de facultades que justifiquen una imposición arancelaria "en tiempos inherentes de paz".
A menos de 24 horas de su entrada en vigencia, dos pequeñas empresas estadodunidenses (Burlap & Barrel y Collective Horology) demandaron al Gobierno estadounidense, argumentando que Washington "no puede preservar una política arancelaria simplemente moviéndose de un estatuto a otro" de la Ley de Comercio de 1974.
Además, acusa al al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de "actuar arbitraria y caprichosamente" al imponer gravámenes "casi uniformes".
La demanda, impuesta por el bufete Liberty Justice Center (que ya jugó un papel clave para la anulación de los aranceles recíprocos) reclama al tribunal que declare la nueva política como ilegal, que impida su aplicación y preserve la capacidad de los denunciantes (y otros) que puedan obtener indenmizaciones, reportó la agencia EFE.
En medio de todo este contexto, la República Dominicana ha sido cargada con tres tasas arancelarias distintas:
- una tasa recíproca del 10 % desde el 2 abril del 2025 hasta el febrero del 2026
- una tasa global del 15 % amparada en la orden ejecutiva del 20 de febrero del 2026 y válida hasta el 23 de julio
- La nueva tasa del 12.5 %, efectiva desde el 24 de julio.
