asaba el año 2021, cuando el mundo empezó a salir de la pandemia del COVID-19 y los mercados del petróleo irrumpieron con un alza en sus precios por diferentes factores provocados por el virus, situación que llevó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a firmar un convenio para “ayudar” a los transportistas.
Específicamente en septiembre de ese año, esas dos instituciones sellaron un acuerdo, al cual este medio tuvo acceso, en el que quedó establecida una “ayuda” a los transportistas dominicanos para “sobrellevar” el encarecimiento del combustible tras la pandemia, comprometiendo, en su primer documento, RD$304,990,000 de las arcas del Estado durante cinco meses para 14 federaciones, con un tope mensual, para la entrega de gasoil.
Este acuerdo, como bien dice el documento, tenía fecha de expiración. Sin embargo, en marzo del año 2022, sin que se hiciera pública una auditoría, evaluación, mediación o explicación, las mismas dos instituciones firmaron un acuerdo que se extendería durante más de tres años.
Desde entonces, el dinero que compromete el Estado dominicano en “subsidios” para los transportistas no ha dejado de crecer. Han sido al menos ocho adendas y un monto superior a los 9 mil millones de pesos para la entrega de gasoil. Este medio obtuvo mediante pedidos de libre acceso a la información pública los documentos que muestran cómo ha sido el crecimiento y desarrollo de esta “ayuda”.
El mecanismo
Desde la primera vez que se ejecutó esta iniciativa, el esquema no ha cambiado en lo esencial: el MICM, dirigido hasta inicios de 2026 por Víctor ‘Ito’ Bisonó, depositaba dinero, a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera, en manos de distribuidores mayoristas de combustibles autorizados y transportistas con títulos habilitados, los cuales a su vez entregaban gasoil a los choferes afiliados a distintas federaciones de transporte, con un tope mensual que el acuerdo fijó.
Mientras que el Intrant, según el acuerdo, era el encargado de validar que las facturas correspondieran a esos topes antes de que el pago se autorizara.
Bajo ese mecanismo, la curva de los montos ha ido subiendo. De un tope mensual de 61 millones de pesos que establecía el convenio que dio origen a todo, pasó a RD$105 millones en marzo de 2022 a RD$136 millones en mayo de ese mismo año y siguió un crecimiento vertiginoso que superó los 250 millones de pesos.
El patrón se repite en cada adenda, casi con las mismas palabras y justificación: “los aumentos de los precios del transporte público, a raíz de la inestabilidad de la situación política internacional” es una frase que no solo ha sobrevivido en las distintas adendas hechas al acuerdo, sino también a cuatro directores ejecutivos del Intrant y años de fluctuaciones en los precios del petróleo.
Más allá de este argumento para seguir aumentando el monto de los subsidios, ni en las adendas ni públicamente se ha explicado con datos el porqué el monto necesario para las “ayudas” a los transportistas sigue aumentando, ni por qué nunca volvió a bajar o suprimirse.
Quién se lleva la mayor parte
El reparto entre federaciones no es parejo, y la desigualdad se profundizó con el tiempo.
En el convenio original de 2021, la mayoría del subsidio se lo repartían tres entidades: la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) recibía el 28.48 por ciento (%) del tope mensual total; la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), el 25.87 % y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), el 18.73%.
Antonio Marte y Ricardo de los Santos. Senadores oficialistas del PRM y presidentes de federaciones de transportistasFotos de archivo
Por coincidencia, las dos federaciones más beneficiadas (Conatra y Fenatrado) son presididas por dos senadores oficialistas: Antonio Marte, representante de la provincia Santiago Rodríguez y aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Ricardo de los Santos, presidente también del Senado de la República y legislador de Sánchez Ramírez.
Debajo de ellos aparece Fenatrano, entidad presidida por Juan Hubieres, quien, aunque actualmente no ocupa cargos políticos, se ha mostrado como opositor al actual gobierno, aliándose en elecciones pasadas al partido Fuerza del Pueblo.
Aunque los porcentajes otorgados a estas tres entidades se mantuvieron con ligeras variaciones durante el acuerdo y sus tres primeras adendas, para septiembre de 2023, con la cuarta, Conatra subió a 33.3% del total, Fenatrado se mantuvo casi igual en 25.8%, y Fenatrano bajó a 13.1%, siendo aparentemente perjudicada en beneficio de varias nuevas entidades que se agregaron para el subsidio de gasoil.
La lista original contenía 14 federaciones. Para la primera adenda se agregaron dos más, contando 16 y ya para la última se contaron al menos 20 que se beneficiaron del subsidio. Un detalle que llama la atención es que la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) fue la única removida del subsidio, estando presente desde el inicio, pero excluida a partir de la segunda adenda.
Más allá de los cambios y la inclusión de más federaciones en el subsidio, esas tres federaciones concentraron en todo momento más del 70 % de todo el dinero que se les destinó para “ayudas”.
Ninguno de los documentos revisados por este medio explica el criterio detrás de esas proporciones, lo cual puede interpretarse como una asignación “a discreción” de las autoridades. El único detalle que ofrece un poco más de información fue colocado en el acuerdo original, el cual establece que las partes “definirán los criterios” para la selección y el monto de apoyo a cada federación.
No obstante, ninguna de las adendas contiene ese criterio por escrito, ni una fórmula, referencia, número de flotas, de choferes o cualquier otro criterio que justifique por qué una recibe más que otra o los cambios ejecutados con el paso del tiempo.
La ruta del dinero
El registro original en la Contraloría General de la República, correspondiente al convenio de 2021, identificaba el fondo de origen, es decir, de dónde salía el dinero para pagar, como "0814, Apoyo Presupuestario Recursos Externos". Esta categoría normalmente designa financiamiento proveniente de organismos internacionales (préstamos) o acuerdos de cooperación.
La ruta cambió desde el acuerdo de marzo de 2022 en adelante, cuando todos los registros posteriores identifican el fondo como "000100, Fondo General", es decir, el presupuesto ordinario del Estado dominicano, financiado con impuestos recaudados.
Así como otros vacíos detallados previamente, el cambio no está explicado en ninguna de las adendas. Pasó de ser, al menos tomando en cuenta este último aspecto, un programa “sostenido con cooperación externa” a uno pagado enteramente con recursos propios de las arcas del Estado dominicano.
A la fecha, nadie en el Estado dominicano ha explicado por qué un subsidio pensado en un principio como “respuesta puntual a una crisis sanitaria” se convirtió en una obligación presupuestaria permanente.
