Dentro de sus funciones sustantivas, las instituciones de educación superior (IES) forman profesionales y generan conocimiento, el cual deben poner al servicio de la sociedad. Asimismo, desempeñan un papel esencial como bienes públicos y actores clave para el desarrollo sostenible, la democracia y la construcción de sociedades más justas.
Una de las expresiones de este compromiso es promover espacios de diálogo interdisciplinario y plural, que contribuyan a analizar los desafíos públicos desde la evidencia, el pensamiento crítico y la diversidad de perspectivas. Iniciativas como paneles y conversatorios sobre temas de interés colectivo enriquecen el debate, favorecen la participación informada y ayudan a construir consensos.
Al mismo tiempo, ofrecen a los estudiantes la oportunidad de acercarse a problemáticas reales, interactuar con expertos y desarrollar una mirada crítica e interdisciplinaria.
La Unesco plantea que las universidades deben ser actores activos en la vida pública, mediante la investigación pertinente, la evidencia científica, la orientación del debate y la colaboración con el Estado, el sector productivo y la sociedad civil.
Asimismo, sostiene que “están en condiciones de ofrecer un espacio seguro para presentar y evaluar una diversidad de puntos de vista y participar con la sociedad en debates públicos sobre cuestiones complejas”. (Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco, 2022).
Precisamente en este momento, en el que la República Dominicana vive un proceso de transformación legislativa sin precedentes, la Universidad Iberoamericana, Unibe, ha recalcado su compromiso con este rol. La institución educativa tiene suscrito un acuerdo para el fortalecimiento institucional con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a través del cual se han identificado temas de relevancia para la sociedad dominicana que deben ser analizados con rigor para asegurar calidad técnica y coherencia constitucional.
En el marco de esta alianza, se realizó un panel sobre el anteproyecto de Ley Orgánica “Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, con expertos de las áreas legal y psicológica, para analizar los retos y oportunidades del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
“En Unibe reiteramos el ineludible compromiso social de colaboración y participación a través de nuestra comunidad académica en todo este proceso de transformación legislativa en nuestro país”, expresó la rectora, doctora Odile Camilo Vincent, durante el encuentro.
Legislación
El Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) está siendo revisado mediante un proceso participativo y de consulta técnica. La reforma busca actualizar la legislación, fortalecer el interés superior del niño, mejorar la coordinación del Sistema Nacional de Protección, clarificar competencias e incorporar mecanismos frente a riesgos como la violencia digital y la salud mental, garantizando respuestas estatales oportunas y efectivas.
Las Escuelas de Derecho y Psicología de Unibe, junto a representantes del Poder Ejecutivo, el ámbito jurídico y regulatorio, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y el Poder Judicial y Finjus, aportaron una amplia visión de esta normativa.
“Cada día se necesita más la mirada del área médica y psicológica en el estudio de temas que atañen a las personas, en este caso, los menores. Esto deberá redundar en aportes sustanciosos para el trato del menor en conflicto con la ley. El juez podrá tener una mirada de 360 grados a los temas que recibe cada día”, explica la doctora Sagrario Féliz, decana adjunta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de Unibe,
La jurista afirmó que las universidades son espacios plurales que, al estar integrados por académicos e investigadores, “trabajan estos temas libres de sesgos y basados en evidencia”.
Ese es, precisamente, uno de los mayores aportes de las instituciones de educación superior: poner su conocimiento y capacidad crítica al servicio de decisiones que impactan la vida de las personas, contribuyendo a construir una sociedad más justa.
