Los recursos de inconstitucionalidad, el rechazo de diversos sectores y las protestas contra algunos artículos del nuevo Código Penal obligaron ayer al Congreso a abrir una revisión de la ley apenas un año después de aprobarla y a días de su entrada en vigencia, con la posibilidad incluso de aplazar su aplicación mientras se introducen las correcciones.
El giro quedó oficializado ayer, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, compareció junto a los voceros de todos los partidos para anunciar la apertura de un proceso de recepción de propuestas que permita corregir los artículos más cuestionados de la legislación.
La decisión, según aseguraron, fue acordada por consenso con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y comunicada previamente al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
La estrategia de los diputados ocurre en medio de un revuelo contra algunos puntos del nuevo Código Penal que, desde antes de aplicarse, ya está ensombrecido por protestas, rechazos de gremios y varios recursos judiciales que se dirimen en el Tribunal Constitucional por el supuesto choque de la ley con la Carta Magna.
Sin embargo, Pacheco dijo que la decisión de revisar algunos artículos de la ley no responde a las protestas recientes ni a presiones externas, sino a la necesidad de "perfeccionar" un Código Penal cargado de críticas.
Aunque Pacheco no especificó los artículos que serían cambiados, el Congreso y el Gobierno han sido atacados recientemente por puntos de la ley ligados a la libertad de expresión, la difamación y el ejercicio médico en el país.
A pesar de que restan pocos días para que el Código Penal entre en vigencia, Pacheco sostuvo que todavía hay tiempo para introducir los cambios que sean necesarios durante la actual legislatura, prevista para concluir el 26 de julio.
En ese sentido, tampoco descartó que el presidente Luis Abinader convoque una legislatura extraordinaria si el Congreso necesita más tiempo para completar las modificaciones, ni cerró la posibilidad de posponer la entrada en vigor de la ley.
Aunque ahora el texto legal es atacado, el presidente de la Cámara defendió el contenido del nuevo Código Penal al afirmar que representa "una reforma histórica" que incorpora más de 70 nuevos tipos penales como el crimen organizado, la corrupción, el sicariato, las estafas piramidales, los ataques con ácido del diablo, entre otros.
No obstante, admitió que una reforma de esa magnitud puede ser perfeccionada y sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de evaluar las observaciones que distintos sectores plantearon desde que la pieza fue promulgada.
Pacheco insistió en que el propósito "no es reabrir completamente" la discusión del Código Penal, sino concentrarse en los artículos que han generado mayores cuestionamientos.
