Los trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, conductas autolesivas y problemas de conducta, entre otros, continúan afectando a miles de niños y adolescentes, muchos de ellos sin diagnóstico oportuno ni seguimiento adecuado.
Aunque los efectos de esta enfermedad atraviesan clases sociales y edades, las políticas de salud mental continúan siendo ineficientes para responder a lo que muchos especialistas califican como una “epidemia silenciosa”.
En un país de movilidad humana, pobreza y exclusión social, los trastornos de salud mental en la niñez no solo aumentan, sino que se vuelven más difíciles de diagnosticar y tratar.
El doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, expresó a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), que la salud mental de los adolescentes en la República Dominicana constituye preocupación creciente tanto para las familias como para las instituciones responsables de garantizar su bienestar integral.
El galeno explicó que durante esta etapa del desarrollo, los y las adolescentes experimentan cambios emocionales, sociales y psicosociales significativos que, en interacción con factores individuales, familiares y comunitarios, pueden incrementar su vulnerabilidad a trastornos de salud mental.
“A estos factores se suman la presión académica, las dinámicas familiares, el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación, la exposición a situaciones de socioeconómicas adversas, todos ellos con impacto directo en su estabilidad emocional y desarrollo integral”, resaltó.
Ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento y estrés postraumático son solo algunos de los padecimientos que afectan a miles de infantes, especialmente aquellos que viven en entornos marcados por la pobreza extrema, la separación familiar y la precariedad.
El reconocido especialista en salud mental Dr. José Miguel Gómez advirtió que cambios conductuales persistentes en niños y adolescentes pueden ser señales claras de afectaciones en su salud mental.
“Cuando un niño comienza a tener cambios de humor, irritabilidad, agresión, cuando empieza a aislarse, se niega a ir a la escuela, se le dificulta socializar con otros niños, no puede obedecer o presenta dificultades en el aprendizaje, evidentemente la familia tiene que buscarle ayuda”, indicó.
Poco acceso al servicio
Sin embargo, acceder a servicios de salud mental sigue siendo un privilegio y no un derecho garantizado, a pesar de que debería constituir una de las principales políticas públicas modernas.
Esta carencia resulta alarmante si se considera que un problema de salud mental puede afectar a un niño en cualquier etapa y en cualquier comunidad, sin importar su ubicación geográfica.
Santa Bautista, madre de un adolescente diagnosticado con retraso conductual, denunció las dificultades que enfrentan las familias para acceder a servicios de salud mental infantil en el país, así como las limitaciones de cobertura del seguro de salud para estudios y medicamentos especializados.
Bautista explicó que a su hijo le fue diagnosticado un retraso conductual, lo que impacta directamente en su proceso de aprendizaje.
“A él lo diagnosticaron con retraso conductual, o sea que si él tiene cinco años, tiene la edad de cuatro”, expresó.
Indicó que esta condición le impide asimilar los contenidos académicos correspondientes a su grado escolar. “El retraso no le permite asimilar la clase; si él me llega a octavo curso, es mucho”, explicó.
La madre señaló que uno de los mayores retos que enfrentan es la escasez de centros especializados en salud mental infantil y el alto costo de los tratamientos.
“Además de que hay pocos centros para la salud mental infantil, el mayor reto es conseguir el dinero para los estudios y los medicamentos”, afirmó.
Bautista denunció que muchos de los estudios requeridos no están cubiertos por el seguro contributivo de Senasa.
Asimismo, indicó que la cobertura de los medicamentos es limitada y no se mantiene de forma continua.
“Cuando te cubre una receta, el próximo mes ya tú tienes que comprarla al contado porque no te la cubre”, expresó.
Wilmer Jiménez, padre de un niño de 11 años que nació con un problema psicomotor, relató las múltiples dificultades que ha enfrentado para garantizar la atención médica adecuada para su hijo, quien es gemelo. Desde los primeros años de vida, la familia se encontró con serias limitaciones dentro del sistema de salud pública, especialmente en el área de salud mental y rehabilitación.
Al principio fue muy difícil, porque en los hospitales públicos todo es muy limitado en esta área. Casi no hay terapeutas y muy pocos centros cuentan con especialistas en fisiatría”, explicó Jiménez. Esta falta de recursos obligó a la familia a buscar alternativas en el sector privado y fundaciones como Rehabilitación.
Atención temprana
Expertos advierten que la falta de atención temprana puede tener consecuencias a largo plazo, no solo en el desarrollo emocional y académico del menor, sino también en su integración social y calidad de vida futura.
La ausencia de políticas integrales que articulen salud, educación y protección social deja a miles de niños atrapados en un sistema que no está diseñado para escucharlos ni atenderlos.
Para muchos niños, recibir atención psicológica o psiquiátrica implica enfrentar largas listas de espera, barreras económicas, estigmatización social y, en el caso de familias en el interior del país, recursos económicos para acceso a los servicios públicos en área de salud mental.
La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología (Asodopsi), Abril María Arias, y el psiquiatra José Miguel Gómez coincidieron en que la República Dominicana cuenta con servicios de salud mental infantil, pero estos resultan insuficientes para responder a la creciente demanda, especialmente en lo relativo a personal especializado y unidades adecuadas para niños, niñas y adolescentes.
Arias sostuvo que el país dispone de alrededor de 2,000 Unidades de Atención Primaria, las cuales deberían desempeñar un rol clave en la prevención y promoción de la salud mental. Sin embargo, señaló que estas unidades no cuentan con el personal necesario para cumplir esa función, a pesar de que en el país existen cerca de 56,000 psicólogos.
En ese sentido, propuso el nombramiento de psicólogos clínicos y trabajadores sociales en dichas unidades, para que desarrollen labores comunitarias, charlas educativas y acciones preventivas directamente en las comunidades.
La presidenta de Asodopsi reconoció que existen hospitales que brindan atención en salud mental infantil, principalmente en el Gran Santo Domingo, como el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral y el Hospital Santo Socorro, pero enfatizó que las unidades disponibles no son suficientes. “Existen servicios de salud mental y son accesibles, pero no hay profesionales suficientes nombrados”, puntualizó.
De manera similar, el Dr. Gómez explicó que los niños que padecen trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos oposicionistas, autismo, bipolaridad o trastornos psicóticos requieren atención especializada en Unidades de Psiquiatría Infanto-Adolescente, con un enfoque integral que incluya psiquiatras infantiles, psicólogos, trabajadores sociales y la participación activa de la familia.
Resaltó que actualmente estas unidades son muy limitadas en el país y se concentran principalmente en el Santo Socorro, en el Robert Reid Cabral y San Lorenzo de Los Mina, sin embargo, algunos de estos solo ofrecen atención ambulatoria, sin capacidad de internamiento.
Ambos profesionales coincidieron en la necesidad de expandir estas unidades a hospitales de grandes provincias y centros donde existen residencias de pediatría, para garantizar una atención oportuna y cercana a las familias.
Tanto Arias como Gómez subrayaron que la falta de unidades especializadas y de personal capacitado obliga a muchas familias a trasladarse de un centro a otro en busca de atención, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos. Coincidieron en que el fortalecimiento de la atención primaria, junto con la apertura de más unidades infanto-adolescentes, debe convertirse en una prioridad de salud pública.
“No hay una articulación institucional”
La presidenta de Asodopsi, Abril María Arias, advirtió que la atención de la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el país carece de una articulación efectiva entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, la Procuraduría General y otras instituciones.
“En cuanto a la elaboración de políticas públicas tendentes a dar atención psicológica a los niños, niñas y adolescentes, todavía no están del todo desarrolladas o articuladas”, dijo.
Arias propuso la conformación de una mesa interinstitucional, el fortalecimiento del Gabinete de la Niñez y la creación de un observatorio especializado en salud mental infanto-juvenil para recopilar datos, dar seguimiento a los casos y diseñar programas basados en evidencia.
La especialista destacó la necesidad de implementar unidades de salud mental en escuelas, con psicólogos clínicos, orientadores, trabajadores sociales, además de la participación periódica de psiquiatras para atender casos complejos.
Arias llamó a establecer un registro obligatorio de seguimiento psicológico para los niños, similar al control pediátrico, así como subsidiar consultorios psicológicos comunitarios en todo el país.
