La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, acogió en parte una solicitud de los abogados de Jochi Gómez y Hugo Beras, de otorgarles un plazo para poder presentar sus medios de defensas y les dio 20 días más para hacerlas.
En ese sentido, la audiencia de este lunes del juicio preliminar al caso de supuesta corrupción, cuya investigación se denominó Operación Camaleón, se postergó para el lunes 15 de diciembre.
Beras, Gómez y otros ocho acusados, así como a siete empresas, se les imputa de estafa al Estado, sabotaje y terrorismo contra la red semafórica del Gran Santo Domingo y que, según el Ministerio Público, empezó en un proceso escalonado con la adquisición de contratos de manera irregular en la gestión del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Pedían 60 días
La abogada Laura Acosta, representante de Hugo Beras, había solicitado un plazo de 60 días alegando que necesitaba más tiempo para analizar las supuestas pruebas que se presentan contra el exfuncionario.
A ese pedimento se sumaron las demás defensas, entre ellas Ingrid Hidalgo, quien pidió 45 días.
El Ministerio Público respondió que 25 días eran suficientes.
Gómez: "Estamos tranquilos"
El principal acusado en operación Camaleón y a quien se vinculan las siete empresas que también son imputadas, dijo estar "tranquilo" y que va a enfrentar el proceso penal que se le sigue.
Afirmó que está preparado para enfrentar en los tribunales a los fiscales que lo persiguen en la acusación penal, cuyo expediente, dijo, le fue entregado "ahorita".
Hugo Beras, exdirector del Intrant, no quiso hablar con la prensa.
El expediente de la acusación contiene 338 páginas.
La jueza Yanibet Rivas declaró en rebeldía a la empresa Indistria Soltex Dominicana, la que también se vincula a Jochi Gómez y la cual no estuvo representada este lunes ante el tribunal.
Según el órgano, Soltex Dominicana recibía fondos de origen ilícito provenientes del entramado, los cuales luego eran reintroducidos en la economía formal mediante operaciones comerciales aparentes.
"Desde sus cuentas se efectuaron pagos destinados a operaciones de contrabando y lavado transnacional, constituyendo una pieza de apoyo financiero en la estructura criminal", afirma el Ministerio Público.
Señalamientos
La acusación de Operación Camaleón revela que, entre marzo y agosto de 2024, se realizaron instalaciones nocturnas y no autorizadas de nuevos reguladores semafóricos en distintos puntos del Gran Santo Domingo para apropiarse del sistema semafórico por orden de José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
Los demás acusados Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas habrían dirigido los trabajos fuera del horario regular, sin la supervisión ni la aprobación del Intrant.
El sabotaje y los actos de terrorismo contra la red semafórica fueron supuestamente realizados para presionar y desestabilizar al Estado dominicano tras el inicio de investigaciones y auditorías en contra de los imputados que se destaparon con la contratación irregular por Intrant de la empresa Transcore Latam, propiedad de Gómez.
El contrato suspendido con la empresa Transcore Latam por irregularidades en la licitación ascendía a un monto superior a los 1,300 millones de pesos.
Los imputados son, además de Beras y Gómez, Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, Mariano Gustini, Henry Darío Féliz Casso, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
Las empresas que, igualmente son imputadas, son Transcore Latam, S.R.L., PagoRD Xchange, S.R.L., Industria Soltex Dominicana, S.R.L., Dekolor S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol, S.R.L. y OML Inversiones, S.R.L.
