Diputados buscan interpelar a Marranzini por tandas de apagones

La resolución, respaldada por el bloque opositor de la Fuerza del Pueblo (FP), busca obtener respuestas de Marranzini ante “una secuela de apagones, que se prolongan por más de 12 horas en diversas provincias del país, generando grandes dificultades a la población en general”.

La bancada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara de Diputados depositó ayer una resolución para interpelar al presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución Eléctrica (CUED), Celso José Marranzini, a fin de que responda por los apagones registrados en el país durante los últimos días.

La pieza, respaldada por el bloque opositor de la Fuerza del Pueblo (FP), busca obtener respuestas de Marranzini ante “una secuela de apagones, que se prolongan por más de 12 horas en diversas provincias del país, generando grandes dificultades a la población en general”.

Además, Marranzini debería detallar cuáles son las causas que le obligan a prolongar los apagones hasta finales de este año o principios del siguiente, así como explicar las razones de las salidas de dos terminales de la Planta Termoeléctrica Punta Catalina y la elevación de la demanda de energía en los dos meses pasados.

Este proyecto de resolución, elaborado por el diputado del PRD, Ramón Raposo, recuerda que el artículo 93 de la Ley 186-07 establece la obligatoriedad que tienen las empresas distribuidoras de electricidad de compensar a los usuarios regulados cuando no reciban la energía eléctrica contratada.

“Debido a la incertidumbre generada por los apagones, la población de diversos sectores ha protestado, por la falta de energía eléctrica. Estas, que en principio son un reclamo justo de la población, podrían generar inestabilidad social y convertirse en una escalada provocadora de caos e inclusive socavar el estado de derecho y el clima de democracia que vive el país”, dicta uno de los considerandos del documento.

La propuesta del legislador, que aún debe ser aprobada en la cámara baja, está basada, según precisó, en el artículo 95 de la Constitución Dominicana, en el cual especifica la atribución del Congreso Nacional, permitiendo la interpelación a los ministros, viceministros y otros funcionarios de organismos descentralizados del Gobierno.

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