Santo Domingo.- Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su profunda indignación y rechazo ante la aprobación del nuevo Código Penal por parte del PRM y el Presidente de la República, por considerar que el texto contiene múltiples deficiencias que atentan contra los derechos humanos y constitucionales de la población, en especial de mujeres, niñas, niños, adolescentes y sectores vulnerables.
Uno de los puntos más alarmantes señalados por las organizaciones es que el proyecto mantiene la permisividad con la violencia hacia niñas y niños, al excluir de la tipificación de violencia intrafamiliar las agresiones que se cometan con fines “educativos y disciplinarios”. Esta exclusión constituye una violación directa a los derechos de la niñez, protegidos tanto por la Constitución dominicana como por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, advirtieron que la tipificación del ultraje, de la rebelión y de la “amenaza e intimidación contra funcionario público”, incluidos en el texto aprobado, representan una amenaza a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el principio de legalidad, por su redacción ambigua y su potencial uso arbitrario contra manifestaciones, expresiones artísticas o críticas sociales, además de ser una clara violación constitucional y de al menos dos precedentes del Tribunal Constitucional.
Las organizaciones también expresaron su preocupación por las excepciones para ejercer el derecho de grabar un arresto, que dejan a la discrecionalidad de los agentes castrenses la determinación de si la grabación interfiere con “su labor”, a la vez que prohíbe publicar estas grabaciones sin el consentimiento de la persona intervenida, una disposición que podría entrar en conflicto con el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y el interés público, especialmente en contextos de denuncias por abuso policial o violaciones de derechos, que muchas veces solo logran visibilidad gracias a su difusión en redes sociales y medios de comunicación.
Otro punto fuertemente cuestionado es la nueva figura penal de espionaje, cuya redacción carece de claridad en términos como “intereses fundamentales” e “información confidencial”, y omite elementos esenciales como la definición del dolo. Este tipo penal, en la forma en que está previsto, abre la puerta a arbitrariedades y podría ser utilizado para perseguir disidencias políticas o coartar el ejercicio periodístico y ciudadano, y hasta la investigación académica.
Las organizaciones también reiteraron que la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo sigue siendo uno de los retrocesos más graves del proyecto, al contradecir derechos fundamentales garantizados por la Constitución, como el derecho a la vida, a la igualdad, la salud, la dignidad y la integridad personal.
Asimismo, criticaron que el nuevo Código Penal establezca plazos de prescripción para los delitos de corrupción, lo cual deja abierta una peligrosa brecha para la impunidad, y que exima de responsabilidad penal a instituciones como iglesias, ayuntamientos y partidos políticos, debilitando la capacidad del Estado para sancionar violaciones cometidas desde el poder.
Finalmente, denunciaron que la tipificación de la violación dentro de la pareja solo se reconoce en dos circunstancias: 1. si hay evidencia de violencia física o se ha anulado su voluntad, siempre que la víctima ha sido drogada previamente; y 2. si bajo los efectos de estas drogas, se le obliga a participar en una relación sexual no deseada con terceras personas. Esto representa una visión reduccionista y patriarcal del consentimiento, y deja fuera múltiples formas de violencia sexual que ocurren en contextos íntimos Reiteraron que el contrato matrimonial no anula ni supera el consentimiento. Además, pone plazos fatales de prescripción a la denuncia de violencia sexual, lo cual constituye un importante retroceso en perjuicio de las víctimas y a favor de la impunidad.
“El PRM nos prometió un Código moderno y este no es un Código Penal moderno ni garantista. Es una ley que normaliza la violencia, protege a los poderosos, limita derechos y sacrifica la dignidad de los sectores más de vulnerables. Aprobado sin una verdadera deliberación democrática y sin incorporar las voces de la sociedad, este Código representa un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos”, señalaron las organizaciones.
Las declaraciones fueron expresadas a través de comunicado por las siguientes organizaciones: Coalición Podemos, Red Urbano Popular, Coordinadora Nacional Popular, Instituto de Género y Familia de la UASD, Federación Sindical Mundial Capítulo Dominicano, Coalición por la Seguridad Social Digna, Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, UDEMU, CONAMUCA, CIPAF, Nucleo de Apoyo a la Mujer, CE-Mujer, Cosalup, CUDEM,FERSAGE, Movimiento de mujeres Trabajadoras, Asociación de Trabajadoras del Hogar, Oficina para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal, Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, Fundación Expresiones Artes Salud y Género.
