Anadive y Mypimes se suman a otras entidades que piden al presidente devolver el proyecto al Congreso
Es cada vez más amplia la lista de sectores que le piden al presidente Luis Abinader que observe la ley que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada en el Congreso la semana pasada. Ayer se sumaron la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) y representantes de las medianas y pequeñas empresas (Mipymes) y antes la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la entre otros gremios empresariales.
Anadive llamó al presidente Abinader a no promulgar la rechazada iniciativa porque afecta de manera drástica a las pequeñas y medianas empresas y amplios sectores productivos del país. Aseguró que esa ley fue aprobada sin atender los reclamos de diversos sectores que fueron expuestos ante la comisión que estudió el proyecto y sin procurar el debido consenso con los actores claves del sector empresarial que resultaron afectados por los cambios a la Ley 225-20.
Cesar De los Santos, presidente de la entidad, señaló que el impacto de la modificada Ley afecta a las pequeñas, medianas empresas, que constituyen más del 85% de todo el tejido empresarial y que gravarlas de manera indiscriminada afecta su rentabilidad, libre competencia, la creación de empleos e incentiva la informalidad.
Expresó que esa pieza se aprobó sin la elaboración de un estudio técnico independiente que defina los criterios y sustente las decisiones, en un tema tan sensible a las operaciones y competitividad de las empresas.
“En la ley aprobada y que ahora está en mano del presidente de la República, persisten varias inequidades, que pudiesen ser corregidas o enmendadas con buena voluntad. Se debe evitar la doble tributación, pues los vehículos de motor pagan entre 1 y 3%, del valor CIF (costo, seguro y flete), por la cantidad emisiones de gases de efecto invernadero relativos al carbono (CO2), y también las empresas cubren adicional la recogida de desechos sólidos (basura), situación que el proyecto de Ley debe tomar en cuenta”, apuntó de los Santos.
Anadive señala que observando las cantidades de contribuciones de la Ley 225-20, en comparación con los valores propuestos por el proyecto que la modifica, todavía registra valores excesivos, aumenta las categorías de los montos entre RD$ 3,000 y RD$ 675,000, lo que incrementa los valores porcentuales a pagar entre 300% y 675%.
Afirmó que, en cuanto a las actividades del sector de los distribuidores de vehículos, una parte representativa son intermediarios, que obtienen un margen de comercialización bajo (entre 3 y 5%), aunque pueden tener alto volumen de operación y venta, sus ingresos reales y utilidades es en base de una comisión por venta.
Argumentó que la ley aprobada tiene “un pecado original”. “Según los principios contables, es ilusorio gravar los ingresos por venta, pues al momento de realizar las operaciones, las empresas tienen que restar el costo de las mercancías, recibiendo sólo las utilidades o beneficios brutos”, explica Anadive en un documento difundido ayer.
Puso como ejemplo que una empresa que vende RD$ 100 millones al año y el costo de la mercancía puesta a la venta le cuesta RD$ 95.0 millones, tiene un margen de 5%, es decir, RD$ 5.0 millones de utilidades brutas, por lo que es incorrecto gravar el ingreso por venta, pues nadie debe pagar por un beneficio que no ha recibido.
De su lado, los representantes del sector Mipymes justifican la solicitud de veto a Abinader porque no responde a los criterios de equidad y coloca cargas impositivas que atentan contra las empresas. Agregan que pequeños comercios pasarían a pagar 3,000 mil pesos por conceptos de tratamiento de la basura, en lugar de 500 que tributan ahora.
Según el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el proyecto contempla que empresas con ingresos anuales de entre 8 y 10 millones de pesos pasen de pagar 5,000 a 20,000 pesos. Mientras que, las de ingresos de 20 a 50 millones de pesos verán su tarifa aumentar de 30,000 a 155,000 pesos.
Las que facturan entre 50 y 100 millones de pesos anuales, pagarán ahora 260,000 pesos, en lugar de 90,000.
Sobre ese particular, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) consideró desproporcionado el aumento proyectado de un 275% en la contribución especial para la gestión de residuos y advirtió que afectaría de forma particular a las pequeñas y medianas empresas, así como a los sectores más vulnerables.
La modificación a la ley de Residuos sólidos también ha concitado el rechazo de la Cámara Americana de Comercio, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)Codopyme y otros gremios, que coinciden en la improcedencia de varias disposiciones de la iniciativa.
Además, los gremios cuestionan que la legislación pretende poner en manos de empresas específicas la gestión de los residuos sólidos y crear nuevos vertederos, en lugar de apostar a las modernas tecnologías para procesar la basura.
Para hoy, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), convcoó una rueda de prensa para fijar posición sobre el tema de la modificación a la referida Ley. 225-20.
