La Corte Suprema de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a su política arancelaria.
Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, dio así uno de los primeros grandes reveses a Trump en su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.
En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.
En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.
Aunque la Casa Blanca no se ha pronunciado de manera oficial, Trump habría tachado de «vergüenza» a la decisión, según una persona con conocimiento de la reacción citada por la cadena NBC.
Entre los aranceles afectados por este dictamen están la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas como el fentanilo a través de sus fronteras hacia EE.UU.
Bajo la sombrilla de la IEEPA, Trump ordenó la suspensión de la exención arancelaria que regía desde hace casi un siglo sobre los envíos ‘de minimis’ de mercancías de escaso valor, con serias repercusiones para el comercio electrónico.
También se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50 % los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.
Las jueces discrepantes con el fallo fueron Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo.
Consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones y creen que la ley invocada por Trump puede usarse en temas de política exterior, como es el caso.
Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.
Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente en función de otras normas legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.
Trump ha insistido en que sería «muy decepcionante» que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles que, según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones.
También ha reconocido que sería «prácticamente imposible» devolver los cantidades cobradas a los importadores, que ya ascienden a unos 240.000 millones de dólares desde la imposición de estas medidas en abril de 2025, según cifras compartidas por la Administración.
El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados «aranceles recíprocos» contra los socios comerciales de EE.UU.
El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México en relación con el combate contra el fentanilo.
Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.
