En los últimos cuatro años, el Gobierno dominicano ha destinado cifras históricas para subsidiar los combustibles fósiles. La medida, justificada como un mecanismo para proteger la economía familiar y evitar que los aumentos de los precios del petróleo internacional golpeen el bolsillo de los ciudadanos, ha representado un gasto acumulado de más de RD$85,000 millones desde 2021.
La razón de fondo es clara: República Dominicana no produce petróleo y depende enteramente de su importación para garantizar la movilidad de millones de personas. Cuando el precio del barril sube, el Estado asume el sobrecosto para evitar trasladarlo al consumidor. Así ha sido, con ligeras variaciones, desde 2021.
Ese mismo período ha coincidido con el auge de los vehículos eléctricos en el país. Su crecimiento, sin embargo, ha estado respaldado por un estímulo mucho más modesto: la Ley 103-13, que otorga una exención del 50% en los impuestos de importación y la primera placa para vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
A diferencia de los subsidios al combustible, el incentivo a la movilidad eléctrica no representa un gasto directo, sino un ingreso que el Estado deja de percibir. Y aun así, la magnitud del “sacrificio fiscal” es considerablemente menor: entre 2021 y 2024, según cálculos con base en datos de la Dirección General de Aduanas, las exenciones tributarias a los vehículos eléctricos suman alrededor de RD$3,600 millones.
RD$85,000 millones contra RD$3.6,000 millones
En 2021, el primer año de recuperación tras la pandemia, el Gobierno destinó RD$15,360 millones a subsidios, incluyendo RD$2,400 millones para saldar deudas con importadores. En 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, la cifra escaló: para octubre ya sumaba RD$31,000 millones.
La política de congelar precios internos de gasolina, gasoil y GLP se mantuvo en 2023 y 2024, con una ejecución similar. Según estimaciones a partir de informes oficiales, el total acumulado entre 2021 y 2024 ronda los RD$78,000 millones. Solo en lo que va de 2025, el subsidio supera los RD$7,000 millones.
Mientras tanto, el impulso a la electromovilidad ha avanzado a otro ritmo. Desde la entrada en vigor de la Ley 103-13 en 2013 hasta mediados de 2025, se han importado más de 10,600 vehículos no fósiles bajo el régimen preferencial. El grueso de estas importaciones se ha concentrado en los últimos cuatro años.
Según el Presupuesto General del Estado 2024, el gasto tributario estimado por la exención de la primera placa para eléctricos fue de apenas RD$315.5 millones, equivalente al 0.3% de lo que se destinó ese año a subsidiar combustibles.
"No hay ningún paralelo"
“Lo que se gasta subsidiando combustibles es incomparable con lo que se deja de percibir por promover los eléctricos”, dice Manuel González Abud, miembro de la Asociación Dominicana de Movilidad Eléctrica (Asomoedo).
Desde la óptica de Asomoedo, no solo se trata de cifras, sino de visión de futuro. González Abud advierte que ni siquiera la exención del 50% se traduce completamente en un beneficio al comprador final. Aunque los importadores pagan menos aranceles, el consumidor debe asumir el ITBIS completo (18%) lo que reduce el impacto del incentivo.
La asociación aboga por fortalecer los estímulos, incluso mediante subsidios directos o reducción del ITBIS, y redireccionar parte de los fondos que hoy se destinan a mantener barata la gasolina. “Electrificar el parque vehicular reduce la huella de carbono, baja la factura petrolera y fortalece la independencia energética”, afirma.
¿Cambio de enfoque?
Aunque el Gobierno no ha planteado eliminar los subsidios al combustible, la comparación entre ambos mecanismos abre un debate urgente: ¿debería el país seguir apostando sus mayores recursos al consumo de combustibles fósiles o redirigir una parte hacia una movilidad más sostenible?
Por ahora, las cifras son claras: más de RD$85,000 millones para sostener combustibles contaminantes, frente a RD$3.6, 000 millones para incentivar tecnologías limpias. Un contraste que no solo es fiscal, sino ambiental y estratégico.
