Aunque sucumbió en sus pretensiones de evitar la venta en pública almoneda de la montería de La Campiña, Cristóbal de Aponte, en tanto representante de los descendientes de Gerónimo Vicente Rijo, resultó beneficiado con tierras: el 11 de marzo de 1767, por ante el escribano público Tomás Antonio González y Fernández, vendió a Gabriel Mejía 25 pesos de montería en La Campiña, que le pertenecían “por vía de recompensazión v [h]erencia de Gerónimo Visente Rixo pues como lo heredero (sic) huve parte y como personero fundamental en la ynvestigazión de la declaratoria del pleyto por mi travajo se me señalaron sinquenta pesos en dicha montería”. Mientras, el 24 de julio de 1786, ante el alcalde ordinario Miguel Varela, declaró en forma auténtica la propiedad de 80 pesos de terreno en la montería de La Campiña “después del litis que este defendió como heredero descendiente de Gerónimo Visente Rixo; su causante”, de un total de 260 pesos de terreno, “que cupieron junto con las que legítimamente compró (…) de los quales haviéndose enagenado de varias porciones, las unas por ventas y otras por donaciones que tiene otorgadas, cuyas partes liquidadas y enagenadas ascienden a la cantidad de ciento ochenta pesos”. Ya había fallecido para 1806, como hizo constar Alberto Hurtado en un acto instrumentado el 4 de marzo de ese año por ante el notario público Rafael González y Fernández, a propósito de la venta a Nicolás de los Reyes de 25 pesos de terreno en “las monterías de La Campiña titulada Guaragueibana cito en esta misma jurisdicción, los mismos que hube de Cristóbal de Aponte, difunto, quien las hubo igualmente de Gerónimo Visente Rijo”.
Con el paso del tiempo, así como Cristóbal de Aponte, como se desprende de numerosos actos de venta, donación y arrendamiento instrumentados entre la segunda mitad del siglo XVII y la Primera República, una cantidad apreciable de personas adquirió pesos de terreno en las vastas extensiones de La Campiña, coexistiendo o desplazando como propietarios a los descendientes de Vicente y Gerónimo Vicente Rijo, los ancestros hateros de Juan Pablo Duarte, quien, irónicamente, representaría a la pequeña burguesía en su enfrentamiento al poder político y social del sector hatero -personificado en Tomás Bobadilla y Pedro Santana- una vez proclamada la Independencia.
Duarte, que en 1843 fue nombrado por la Junta Popular formada en Santo Domingo una vez fue derrocado Jean Pierre Boyer con el objetivo de instalar juntas populares, estuvo justamente en El Seibo junto con Ricardo Miura, agrimensor. La designación como delegado en el este no sería casual, pues acaso debió mantener relaciones con su parentela materna, mientras que la selección de la agrimensura quien sabe si obedecería a la vigencia de la ley promulgada en 1824, que prescribía que todos los habitantes de la parte este de la isla tendrían derecho a poseer tierras propias, las cuales debían ser mensuradas, situación en la que se encontraban justamente los terrenos de La Campiña, “citios comuneros jamás mesurados ni divididos y solamente destinados a la casa de animales simarrones”, como se hacía constar en un acto de venta de 1830.
La decisión de Duarte de contactar a Ramón y Pedro Santana tampoco resultaría un albur: para 1843 eran ricos propietarios, prestigiados por su valor y honradez, y aunque su madre Manuela Díez Jiménez ya no estaba en El Seibo cuando estos llegaron allí siendo bebés -nacieron en Hincha en 1800, justo cuando se presume que ella casó, teniendo 14 años, con Juan José Duarte-, acaso les referiría su ancestro seibano.
Las redes familiares acaso determinarían por igual la decisión de Vicente Celestino Duarte, hermano mayor del Padre de la Patria, de establecerse en San José de los Llanos, desde donde contactaría, en labor patriótica, a pobladores de Monte Plata, Guerra, Boyá y Bayaguana, última esta donde vivían Casilda Jiménez Benítez, tía de su madre, y el hijo de esta, Facundo Santana Jiménez, diputado por Los Llanos en la Asamblea Constituyente de San Cristóbal en 1844.
Como nota al margen, cabe indicar la similitud entre el nombre Aragueybana con Agueybana, que significaría “El/La día / luz / aurora del gran sol”, y con Higüey, que equivaldría a “lugar por donde sale el sol”, y su carácter antropónimo: Francisco de Agueybana era el cacique de la isla Saona en 1514 y Agueybana era también el nombre de dos caciques, uno de ellos en Puerto Rico cuando Juan Ponce de León estuvo en esa isla en 1508.
La profundización del estudio de la ascendencia materna de Duarte por la vía de su abuela materna Rufina Jiménez Benítez de Díez hasta su séptimo abuelo Vicente Rijo nos remite al origen de su familia en conexión con la tenencia de tierras y la ganadería, con El Seibo como epicentro geográfico y social por, al menos, ocho generaciones. La parentela colateral revelada en esta investigación pionera constituye el punto de partida para el desarrollo de nuevas investigaciones sobre la genealogía de costado del Padre de la Patria. Hasta ahora, su árbol genealógico se remontaba, por línea paterna, hasta sus tatarabuelos, y por línea materna, de un lado, hasta sus tatarabuelos, y por otro, hasta sus quintos abuelos por la vía de su abuela materna, de manera que la suma de dos nuevas generaciones en su genealogía materna en líneas directa y colateral abre un escenario insospechado para el descubrimiento de entronques familiares en la región este del país.
De otra parte, la evolución de la propiedad del hato de Aragueybana o La Campiña entre los siglos XVII y XIX resulta un atrayente caso de estudio sobre la participación de las instancias jurídicas coloniales en el control de la propiedad, la complejidad del sistema de los terrenos comuneros, su pertenencia a élites sociales, militares y eclesiásticas interconectadas por lazos matrimoniales y de parentesco, su fragmentación en correspondencia con la ampliación del número de integrantes de sucesivas generaciones familiares, la fragilidad de los derechos de propiedad, el valor económico de los hatos y monterías y los conflictos entre la élite terrateniente y las instituciones eclesiásticas.
