El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que las personas con un historial de múltiples antecedentes delictivos, como aquellas que acumulan 10 fichas, tienen pocas posibilidades de reinsertarse en la sociedad y respaldó el cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión establecido en el nuevo Código Penal.
El mandatario hizo el planteamiento durante las entrevistas que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una jornada en la que se discutió el alcance y la finalidad de las sanciones penales.
“Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se… Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia”, expresó Abinader.
El comentario se produjo durante la entrevista a Miguelina Beard Gómez, aspirante a la Suprema Corte de Justicia, quien defendió la implementación del cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión previsto en la Ley 74-25 que instituye el Código Penal de la República Dominicana.
La discusión incluyó además un intercambio entre el jefe de Estado y Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien planteó objeciones sobre la efectividad de las condenas prolongadas como herramienta para disminuir la criminalidad.
Báez García sostuvo que incrementar las penas no permite, por sí solo, resolver las causas que originan la delincuencia y recordó que la privación de libertad también tiene como finalidad procurar la reinserción social de las personas condenadas.
“El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación”, manifestó.
El magistrado explicó que el cúmulo de penas se relaciona con la llamada teoría de la incapacitación, mediante la cual se procura mantener separadas de la sociedad durante períodos prolongados a las personas que cometen determinados delitos.
Sin embargo, advirtió que ese objetivo puede entrar en tensión con la reinserción social, uno de los fines asociados a la pena.
“Y ahí viene el gran dilema. El gran dilema es la razón de ser del derecho penal y la razón de ser de la pena. Ambas razones son irreconciliables”, sostuvo.
El juez también consideró necesario que las políticas públicas se enfoquen en las causas que favorecen la delincuencia y en la creación de condiciones que reduzcan las posibilidades de que las personas terminen involucradas en actividades delictivas. A la vez, reconoció que el Estado no puede evitar por completo la comisión de delitos.
Abinader coincidió con el magistrado en la necesidad de fortalecer la prevención y enfrentar las causas de la delincuencia, pero defendió que las sanciones más severas pueden tener un efecto disuasorio.
“Mayores penas también está probado, que es una disuasión”, afirmó el presidente.
El jefe de Estado reconoció que la relación entre la duración de las condenas y la reducción de la criminalidad forma parte de un debate criminológico en el que existen distintas posiciones, pero sostuvo que el país necesita adecuar sus herramientas legales a las características de la delincuencia actual.
“Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente”, manifestó.
El debate sobre el cúmulo de penas se desarrolla además en un contexto de reforzamiento de las acciones contra la criminalidad. La Policía Nacional informó recientemente sobre un registro de más de 53,000 personas con órdenes de arresto pendientes, cifra que forma parte de las preocupaciones de las autoridades en materia de seguridad ciudadana.
La discusión durante las entrevistas del CNM puso sobre la mesa la necesidad de conciliar la respuesta del sistema penal frente a los delitos y la reincidencia con los objetivos de prevención y reinserción social contemplados en el ordenamiento jurídico.
