El mandatario dominicano, Luis Abiander, declaró el miércoles alto interés nacional el combate al terrorismo medioambiental y elevó la protección de los recursos naturales a una prioridad estratégica de la seguridad del Estado.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define un terrorismo ambiental como aquel que realice la destrucción deliberada del medio ambiente o de recursos naturales con fines hostiles es decir el uso deliberado e ilegal de la fuerza contra recursos naturales, ecosistemas o infraestructura ambiental con el propósito de destruirlos, privar a una población de sus beneficios o generar daños y temor.
La medida fue adoptada a través del decreto 615-26, con el cual también se ordena a todas las fuerzas armadas, con la participación del Ministerio Público para salvaguardar cuencas hidrográficas, parques nacionales y ecosistemas vitales en un aspecto de seguridad nacional.
Para esta iniciativa se elaboraran una Política Nacional para la Prevención y Combate del Terrorismo Medioambiental, orientada a:
1. La identificación de organizaciones criminales ambientales.
2. La detección de financiamiento ilícito de actividades depredadoras.
3. La protección de cuencas, bosques y áreas protegidas.
4. La prevención de incendios forestales provocados.
5. La protección de infraestructuras de agua potable, saneamiento y energía, incluyendo las redes de distribución eléctrica.
¿Por qué esta medida?
Abinader manifestó que durante décadas, los parques nacionales carecieron de la atención y la seguridad jurídica necesarias por parte del Estado.
Además, advirtió que gran parte de los incendios forestales registrados recientemente como el ocurrido en el Parque Nacional de Bahoruco son provocados por actividades ilícitas que no solo destruyen la flora y la fauna, sino que comprometen gravemente el suministro de agua y la seguridad alimentaria de la nación.
Cabe destacar que el Gobierno dominicano ha decidido actuar con la mayor contundencia al acto delictivo ambiental. Señalaron que con el respaldo de las disposiciones legales y el nuevo Código Penal, las conductas que afecten los parques nacionales podrían enfrentar sanciones de 20 a 30 años de cárcel.
¿Qué establece la ley Ley 267-08?
Esta ley sobre terrorismo donde crea el Comite y Dirección Nacional Antiterrorista fue promulgada en 2008 y tiene como finalidad definir los actos que constituyen terrorismo, establecer sus sanciones y crear mecanismos estatales para prevenir, detectar y combatir este tipo de delitos.
En el artículo 5, define como actos de terrorismo aquellos realizados mediante medios capaces de provocar muertes, heridas, lesiones físicas o psicológicas a un número indeterminado de personas, o graves daños materiales a infraestructuras estratégicas de la nación o propiedades particulares, cuando tengan determinadas finalidades.
Mientras que el artículo 7 establece penas de 30 a 40 años de reclusión para determinados actos terroristas cometidos mediante bombas, sustancias peligrosas y otros medios o instrumentos.
¿Qué establece el Decreto núm. 615-26?
Entre los puntos claves del decreto 615-26 sus seis artículos establecen:
Art. 1: Prioriza la prevención, detección e investigación del terrorismo medioambiental, definiéndolo como aquellos actos graves contra los recursos naturales y ecosistemas estratégicos que se equiparen a las normativas antiterroristas vigentes.
Art. 2: Otorga especial protección a los sistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.
Art. 3 y 4: Instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a diseñar una Política Nacional de Prevención y Combate orientada a neutralizar incendios forestales provocados y amenazas a la infraestructura hídrica y energética.
Art. 5: Dispone la remisión inmediata de cualquier agresión al patrimonio ambiental ante el Ministerio Público para asegurar la acción penal correspondiente.
Art. 6: Establece plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para garantizar la protección de los ciudadanos colaboradores de buena fe.
