El Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), informó el jueves que República Dominicana fue escogido como el primer país donde se aplicará un plan piloto en el que se le solicitará una fianza a algunos solicitantes visa de inmigrante que sean considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
"República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones", explicó la funcionaria.
Evaluación comienza antes de la entrevista
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Si durante esa revisión se determina que el patrocinador no demuestra suficiente capacidad económica para respaldar al inmigrante, el oficial consular podrá exigir el pago de una fianza como garantía adicional.
Anteriormente, señaló, los solicitantes podían recurrir a patrocinadores adicionales para cumplir con los requisitos financieros, mientras que ahora también existirá la opción de exigir una garantía económica.
Devolución de la fianza
Molano indicó que el pago no será administrado por el consulado, sino por el USCIS, entidad que continuará dando seguimiento al caso una vez el inmigrante ingrese a Estados Unidos.
Explicó que, si durante los cinco años siguientes el residente no recibe beneficios públicos y cumple con las condiciones establecidas, el dinero será reembolsado cuando solicite la residencia permanente.
"USCIS verificará que la persona no haya recibido ayudas públicas durante ese período y, de ser así, procederá a devolver la fianza", señaló.
Cómo se determina una carga pública
Molano explicó que el concepto de carga pública no es nuevo dentro de la legislación migratoria estadounidense y se refiere a personas que podrían depender económicamente del Gobierno para cubrir necesidades básicas o atención médica.
Indicó que la política busca garantizar que quienes obtengan la residencia permanente cuenten con respaldo financiero suficiente y no representen un gasto adicional para los recursos públicos financiados por los contribuyentes estadounidenses.
Precisó que la evaluación seguirá basándose en el formulario financiero que todos los peticionarios deben presentar actualmente y que la principal novedad consiste en la posibilidad de exigir una fianza cuando el oficial consular considere que existe riesgo de carga pública.
Detalles por definir
La portavoz reconoció que algunos aspectos operativos del programa todavía se encuentran en desarrollo, entre ellos el plazo que tendrán los solicitantes para consignar la fianza si esta les es requerida.
Explicó que esos procedimientos serán afinados durante la implementación del plan piloto en República Dominicana y servirán para establecer las mejores prácticas antes de extender el programa a otros consulados.
Añadió que, aunque la fase piloto permitirá ajustar aspectos técnicos de la implementación, la medida ya fue oficialmente adoptada por el Gobierno estadounidense y la intención es ampliar progresivamente su aplicación a otros países
