Faltando tan solo horas para que termine el plazo para recibir propuestas de modificación al Código Penal, diversos sectores de la sociedad acudieron este miércoles de manera masiva al Congreso Nacional para solicitar que los “errores” registrados en esta ley sean mejorados antes de su entrada en vigencia, el próximo 5 de agosto.
Las tres causales del aborto y los delitos relacionados con la libertad de expresión son algunos de los puntos que más se repiten en las observaciones presentadas a la Comisión Bicameral del Poder Legislativo.
A pesar de la extensa cantidad de documentos, los cuales superan las dos decenas, la Cámara de Diputados entiende que solo requeriría máximo dos días para analizarlos y someter a votación la modificación de la nueva Ley 74-25.
Abortar un embarazo
Los colores blanco y verde en el interior de la sede legislativa continúan marcando la diferencia que existe en la población por el debate legal sobre la despenalización del aborto en tres circunstancias específicas.
Mientras algunos solicitan despenalizar la interrupción del embarazo para cuando la vida de la mujer esté en peligro, el desarrollo del feto sea inviable y la procreación sea producto de una violación sexual o incesto, otros entienden que acoger esa petición violaría la Constitución porque afecta el derecho a la vida.
Al menos tres colectivos que se identifican como protectoras de los derechos de las mujeres remitieron, de manera individual, iniciativas a los congresistas para eliminar el castigo a quienes decidan o colaboren en detener la gestación de un bebé.
Un documento firmado por 12,000 personas y otro elaborado por 70 profesionales del ámbito jurídico comprenden esta inquietud. A esta demanda se unió el partido político Opción Democrática (OD).
Dentro de la lista de entidades que se suscriben a esta propuesta de modificación se encuentran Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), la Coalición Ciudadana PODEMOS, el Centro de Atención a la Víctima, el National Dominican Women’s Caucus, entre otras.
Libertad de expresión
Otro de los articulados con más señalamientos son los que ordenan prisión para quienes cometan delitos por medio de la palabra.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Colegio de Abogados de la República (CARD) y la Fundación Primero Justicia (FPJ) entienden necesario que las disposiciones vinculadas a ese tema sean aclaradas y sus penas revisadas para no afectar a quienes ejercen el periodismo en el país.
La pieza del CDP considera excesivo que el artículo 39 responsabilice de manera penal a medios de comunicación, ya que podría permitir el cierre de esas empresas.
Además, cuestiona que los congresistas hayan, según alegan, restablecido “la responsabilidad en cascada”, eliminada por el Tribunal Constitucional, violentando así el principio de la personalidad de la culpa.
Asimismo, advierte que el artículo 192 sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento sanciona sin contemplar una excepción para los contenidos de interés público.
Con relación a los artículos 208 y 209, que tipifican la difamación, junto a los casos de extorsión, el CDP rechaza que el Código Penal mantenga años de prisión como condena. Al igual que advierte sobre la ambigüedad de su redacción, pudiendo desconsiderar “denuncias legítimas”.
El órgano periodístico alega que el texto visualizado en el artículo 210 sobre la injuria podría penalizar, de manera abusiva, expresiones de opinión y críticas.
Ultraje y redes sociales
Tanto el CDP como la organización política OD coincidieron al plantear la supresión del artículo 310, ya que representa una amenaza para los comunicadores y la ciudadanía que presente críticas con los funcionarios del Estado.
Dentro de ese punto está contenida la tipificación del ultraje, el cual se constituye cuando una persona pronuncie palabras, amenazas, o envíe escritos, imágenes o cualquier objeto de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. Este hecho sería sancionado con quince días a un año de prisión menor, si la nueva ley no es modificada antes de su aplicación.
Según declaró la entidad política en un documento, la eliminación del artículo antes mencionado es fundamental, ya que, de no hacerlo, le otorgaría “a los servidores públicos una protección penal privilegiada de la que no goza el resto de la ciudadanía”.
OD también compartió su rechazo contra el artículo 192, ya que elimina la posibilidad de sancionar la “violencia digital”.
“Nos oponemos de manera categórica. En la era de la digitalización, desproteger a los ciudadanos en el entorno virtual constituiría un retroceso inaceptable”, dicta la misiva.
Otras propuestas
La dirigencia política de OD recomendó eliminar la excepción de responsabilidad penal que tienen los partidos, las agrupaciones y movimientos políticos e iglesias en el artículo 13, debido a que infringe el principio de igualdad ante la ley.
Por último, requirió garantizar en el artículo 308 que los delitos graves de corrupción no prescriban con el transcurrir de los años, aumentar la sanción de malversación de fondos públicos hasta 20 años, entre otras modificaciones.
