El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su respaldo a las gestiones que realiza el Gobierno dominicano frente al señalamiento de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), como parte de una investigación internacional sobre prácticas laborales en las cadenas de suministro.
El gremio empresarial destacó que República Dominicana siempre ha demostrado su compromiso con el respeto a los derechos laborales.
Estimó que el anuncio del USTR no constituye una acción exclusiva contra República Dominicana, sino que forma parte de una investigación más amplia que abarca a más de 60 países.
En ese sentido, precisó que no se trata de una acusación directa contra el país, sino de un proceso extensivo que involucra a múltiples socios comerciales de Estados Unidos.
El CONEP indicó que el Gobierno dominicano, como interlocutor oficial ante las autoridades estadounidenses, ha mantenido un diálogo activo y continuo sobre este tema, en coordinación con los sectores productivos nacionales.
La entidad valoró estos esfuerzos y reiteró su disposición de colaborar con las autoridades, aportando información y brindando acompañamiento con iniciativas que permitan una adecuada comprensión de la realidad dominicana.
El gremio empresarial precisó que República Dominicana ha demostrado durante años su compromiso con el respeto de los derechos laborales y el cumplimiento de los estándares del comercio internacional.
En ese contexto, expresó en una declaración de prensa su confianza en que el intercambio técnico y el diálogo permitirán abordar de manera adecuada las inquietudes planteadas por Estados Unidos.
La reacción del CONEP surge luego de que el USTR incluyera a República Dominicana y a varios países de América Latina en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El informe señala supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro, lo que podría derivar en la imposición de aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 % a importaciones provenientes de unas 60 economías.
Aunque la medida no implica sanciones inmediatas, sí coloca al país bajo un mayor escrutinio comercial, en un momento en que Estados Unidos redefine su política comercial con énfasis en seguridad económica, derechos laborales y trazabilidad productiva.
