La región centroamericana enfrenta una crisis de desapariciones de menores que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes mujeres, con sistemas de alerta y respuesta institucional desiguales en cada país.
Reportes de organismos internacionales y bases de datos nacionales revelan un panorama marcado por brechas informativas, deficiencias legales y desafíos operativos persistentes.
La mayoría de los casos se concentran en adolescentes de entre 13 y 17 años, según datos recopilados por Infobae y fuentes oficiales.
La Interpol mantiene activas alrededor de 1352 notificaciones amarillas (desaparecidos) entre cero y 17 años, solo en la región de las Américas.
Según la base, del total de casos, 788 corresponden a menores centroamericanos que tenían entre cero y 17 años al momento de desaparecer.
La prevalencia es similar tanto en niñas como en niños, sin embargo, si se analizan los datos a detalle y por país, los números son diversos.
Las alertas amarillas de Interpol revelan abundantes casos de menores que tenían menos de 12 años al momento de desaparecer. Muchas alertas llevan más de diez años activas. (Foto retomada del portal de Interpol).
Honduras encabeza el total de difusiones amarillas con 508 reportes entre cero y 17 años (ver nota aparte), de los cuales 240 son varones y 268 niñas. En ambos sexos el número aumenta si se trata de personas mayores de 12 años, siendo los adolescentes los más expuestos a este tipo de riesgos.
A nivel centroamericano, el segundo lugar lo ocupa Guatemala con 249 desaparecidos entre cero y 17 años de edad, de estos 109 son varones (81 tenían menos de 12 años cuando desaparecieron) y 140 niñas (80 tenían 12 años o menos).
Además, se registran catorce casos en El Salvador, tres varones y once niñas , once en Panamá – con seis casos de niñas y cinco de niños , nueve casos en Costa Rica , seis de los cuales son del sexo femenino y tres varones, y cuatro menores perdidos en Nicaragua, en este caso, tres son del sexo masculino y uno, femenino.
Respuestas estatales en Guatemala y la incidencia de la violencia sexual
En Guatemala, el Sistema de Alerta Alba-Keneth opera como modelo regional para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos.
Desde su inicio en 2010, facilitó la localización de más de 85,200 niños, niñas y adolescentes, según la Procuraduría General de la Nación. Este sitio, en su última actualización del 13 al 19 de abril, reporta 155 alertas generadas, de las cuales 77 se mantienen activas.
Solo en 2024, se activaron 6,970 alertas, con 5,894 casos resueltos y 1,076 alertas activas al cierre del año.
El grupo más afectado – según registra la plataforma-son adolescentes de 13 a 15 años, siendo el departamento de Guatemala el más impactado, seguido por Escuintla, San Marcos, Quetzaltenango y Alta Verapaz.
El sistema, que se activa a través de denuncias telefónicas y difusión masiva en redes sociales, moviliza a siete instituciones estatales de forma simultánea tras cada reporte.
Crecimiento de casos en Costa Rica y condiciones de vulnerabilidad
En el caso de Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó 2,204 denuncias de menores no localizados durante 2025, con un incremento sostenido desde 2020. El OIJ señala que el 89% de los casos corresponde a mujeres adolescentes, especialmente en el rango de 15 a 16 años.
San José lidera con el mayor número de reportes, seguido por Goicoechea, Desamparados y Limón. Además, 140 de los menores desaparecidos eran de nacionalidad nicaragüense, lo que evidencia la vulnerabilidad de niños migrantes.
El análisis del OIJ identificó una concentración de desapariciones en septiembre y octubre, meses en los que la frecuencia de reportes superó los tres casos diarios.
Panamá: Innovaciones legales y persistencia de casos emblemáticos
En Panamá, cada siete horas se reporta la desaparición de un menor, según datos del Observatorio Caminando por la Infancia y fuentes oficiales.
Según datos del Ministerio Público, en 2025 se registraron 394 activaciones, de las cuales 367 niños, niñas y adolescentes fueron ubicados sanos y salvos.
Esto representa una efectividad del 93.15%, lo que consolida a Alerta AMBER como una herramienta fundamental para la protección de la niñez y adolescencia en el país. Los 27 casos restantes (6.85%) se mantienen bajo investigación.
Un reporte de Telemetro, medio panameño reporta que en ese país, cada 7 horas se reporta la desaparición de un menor de edad, el medio cita el subregistro del Observatorio Caminando por la Infancia y detalla además que en lo que va del año 2026 se ha registrado el reporte de 856 menores desaparecidos, de los cuales 799 han sido ubicados y están en proceso de búsqueda de 57.
La Procuraduría General de la Nación también creó una unidad especializada para investigar estos casos, después de la persistencia de desapariciones identificadas como emblemáticas, como las de Mónica Serrano García (2003) y Aderlyn Llerena Saldaña (2022), quienes aún no han sido localizadas.
Nicaragua: Falta de transparencia y cifras fragmentadas
En Nicaragua, la crisis de desapariciones de menores permanece poco visible debido a la ausencia de datos públicos confiables. Organizaciones de derechos humanos reportaron al menos 200 desapariciones o secuestros entre 2021 y 2023; las cifras oficiales son inferiores y carentes de transparencia.
En 2024, el monitoreo en redes sociales identificó 21 denuncias, 18 de ellas de niñas. El Instituto de Medicina Legal informó que entre 2018 y 2023 realizó peritajes por violencia sexual a 23,499 menores, de los cuales el 87% eran niñas. La carencia de planes estatales y la falta de informes policiales actualizados refuerzan la percepción de opacidad en el manejo de estos delitos.
Honduras: Migración, crimen organizado y datos divergentes
Honduras se identifica como país de origen, tránsito y destino dentro de la crisis de desapariciones, con la pobreza y el crimen organizado como agravantes principales.
Comités de familiares informaron sobre 887 migrantes hondureños desaparecidos hasta febrero de 2025. El reclutamiento forzado por grupos criminales figura entre las principales causas de desplazamiento y desaparición.
El Ministerio Público y el Sistema Nacional de Emergencia 911 presentan cifras divergentes: entre 2020 y 2023, el Ministerio registró 710 denuncias de desaparición de mujeres, mientras que el 911 reportó 8.059 casos. El 15% de los femicidios recientes estuvo precedido por denuncias de desaparición.
El Salvador: Conexión directa entre desapariciones y violencia sexual
En El Salvador, la violencia sexual y las desapariciones se encuentran estrechamente vinculadas. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) informó de 643 atenciones por violencia sexual en 2023, más del 50% correspondientes a menores de 19 años.
Entre enero y junio de 2024 se registraron 294 casos atendidos, con adolescentes entre los principales afectados.
Además, el sitio Ángel Desaparecido de la Fiscalía General de la República, FGR reporta 17 casos activos de menores desaparecidos, aunque los últimos datos son de 2023.
Dinámica internacional y factores estructurales de fondo
La Operación Eclipse de Interpol, realizada entre 2025 y 2026 en nueve países de la región, posibilitó el rescate de 65 menores víctimas de explotación sexual y la detención de 60 personas involucradas. El 80% de las víctimas identificadas eran niñas de entre 5 y 13 años.
Junto con estos operativos, la región continúa marcada por factores estructurales como la pobreza, el desplazamiento forzado y el control territorial de pandillas, lo que incrementa la vulnerabilidad de los menores y complica la respuesta institucional.
Marco legal y recomendaciones de organismos especializados
Solo Guatemala dispone de legislación específica para menores desaparecidos y un sistema de notificación rápida. Costa Rica opera con un registro nacional, pero la mayoría de países carece de marcos legales integrales y sistemas de gestión de casos.
Las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales recomiendan fortalecer la legislación, crear registros centralizados, mejorar la capacidad forense, incrementar la coordinación interinstitucional y desarrollar programas preventivos enfocados en los factores de riesgo que impulsan la crisis.
