La Corte Suprema de Estados Unidos deliberará esta semana sobre la legalidad de la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para eliminar el derecho de ciudadanía por nacimiento. La decisión, que podría redefinir el acceso a la nacionalidad estadounidense y afectar a millones de personas nacidas en territorio estadounidense cuyos padres carecen de residencia legal o están en situación migratoria temporal, marcaría un precedente en la política migratoria del país.
Según trascendió, se prevé que el fallo se dé a conocer entre finales de junio y comienzos de julio. La medida firmada por Trump el primer día de su segundo mandato niega la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de madres presentes ilegalmente y padres que no sean ciudadanos ni residentes permanentes legales.
La norma también se aplica a niños nacidos de madre con estatus temporal y padre sin ciudadanía ni green card. La directiva ordena a las agencias federales no emitir ni reconocer documentos de ciudadanía para estos casos, con aplicación retroactiva a bebés nacidos 30 días después de la entrada en vigor.
Más de un siglo de jurisprudencia sobre ciudadanía por nacimiento
La decisión del máximo tribunal llega 128 años después del precedente clave en Estados Unidos v. Wong Kim Ark (1898), cuando la Corte determinó que “la ciudadanía por nacimiento se extendía a todos los nacidos en el país, salvo excepciones como hijos de diplomáticos extranjeros, enemigos en ocupación o miembros de tribus nativas americanas”.
Este fallo, que tuvo una mayoría de seis votos contra dos, se ha consolidado como el pilar jurídico de la política de nacionalidad estadounidense. El Congreso lo reafirmó primero con la promulgación de la Nationality Act en 1940 y luego al integrarlo en la Immigration and Nationality Act de 1952.
El núcleo de la discusión, según los escritos presentados ante la Corte Suprema, es si la orden de Trump vulnera la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y la legislación federal que la respalda. La Enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en que residen”.
Detalles de la orden ejecutiva y argumentos enfrentados
La orden ejecutiva de Trump está bloqueada judicialmente desde poco después de su firma, según ha confirmado tanto la cadena CBS News como otros medios. Ninguna corte inferior ha respaldado la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía propuesta por la administración del presidente.
El equipo jurídico del gobierno, liderado por el procurador general D. John Sauer, sostiene que la Decimocuarta Enmienda únicamente reconoce la ciudadanía para quienes están “completamente sujetos” a la jurisdicción de Estados Unidos, es decir, quienes deben “lealtad directa e inmediata” al país y pueden reclamar su protección.
Sauer argumenta que quienes poseen estatus temporal o permanecen en el país sin documentos no desarrollan los vínculos requeridos para que sus hijos accedan a la ciudadanía, y que esta situación incentiva conductas como la inmigración irregular y el turismo de parto.
En sus alegatos, Sauer citó el fallo de 1898 para recalcar que el beneficio de ciudadanía se reconoció específicamente para hijos de extranjeros “con domicilio y residencia permanente” en Estados Unidos, y criticó lo que considera una interpretación errónea de la Cláusula de Ciudadanía por parte de los sucesivos gobiernos desde mediados del siglo XX.
Respuesta y preocupaciones de los demandantes
Como reacción, la organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) y otras entidades legales presentaron una demanda colectiva en nombre de tres familias cuyos hijos podrían verse excluidos de la ciudadanía, alegando que la orden de Trump viola tanto la Constitución como la ley federal.
Los demandantes afirman que la Cláusula de Ciudadanía garantiza automáticamente la nacionalidad a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio, nacionalidad o domicilio de los padres, salvo pocas y precisas excepciones.
Los abogados demandantes advierten: “El gobierno solicita nada menos que la reconstrucción de los cimientos constitucionales de nuestra Nación”. Subrayan que reinterpretrar el derecho de nacimiento podría “afectar a millones y devastar familias en todo el país”.
La ACLU sostiene que adoptar los argumentos del gobierno dejaría en entredicho la protección del derecho a la ciudadanía e insiste en la falta de fundamento para modificar un principio jurídico establecido desde 1898. También recuerda, en línea con medios estadounidenses, que según la ley y la tradición inglesa, el acceso a la nacionalidad por nacimiento no está condicionado al domicilio parental.
Implicaciones futuras y riesgo de desnaturalización masiva
Aunque el gobierno argumenta que la orden solo afectaría casos futuros, la ACLU replica que este criterio “no alivia la incertidumbre de quienes ya son ciudadanos y podrían ver sus derechos cuestionados por la nueva interpretación”.
En su exposición ante la Corte Suprema, la organización afirma: “La interpretación del gobierno sería el principio, no el fin, de una revolución constitucional que tendría innumerables repercusiones”.
Más de doscientos legisladores demócratas expusieron ante el tribunal que un fallo favorable al gobierno de Trump provocaría que “millones de estadounidenses dejarán de ser ciudadanos de manera repentina”, lo que resultaría en la pérdida inmediata de derechos civiles fundamentales, como votar o tramitar pasaportes.
El alcance de un eventual fallo a favor del Ejecutivo impactaría tanto en la doctrina constitucional como en la aplicación cotidiana de la ley federal de inmigración. Si se mantiene la orden de Trump, la ciudadanía de hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal quedaría en entredicho, cerrando el acceso a beneficios y protecciones legales asociados a la nacionalidad.
La Corte Suprema decidirá el alcance definitivo del derecho de nacimiento
La audiencia de la Corte Suprema sobre la orden ejecutiva de Donald Trump constituye la primera intervención del tribunal en el fondo de una política migratoria central del presidente durante su segundo mandato, dentro de un marco de polarización social y legislativa acerca de la inmigración y la ciudadanía.
El veredicto final definirá si avanza una interpretación restrictiva del derecho de nacimiento que afectaría potencialmente a millones de personas, o si la doctrina consolidada desde el caso Wong Kim Ark y ratificada en la legislación federal se mantiene vigente.
