El proyecto de ley orgánica sobre salud mental, cuyo informe fue rendido en el Senado esta semana, trae cambios importantes en relación a la legislación vigente, tales como la ampliación obligatoria de la cobertura de salud mental que ofrecen las Administradora de Riesgos de Salud (ARS).
La nueva normativa, que sería conocida en la próxima sesión de la Cámara Alta, también contempla que hayan tres profesionales para internamientos involuntarios; y la existencia de un Centro de Rehabilitación Psicosocial y de Desarrollo Humano (Reside) por región, que es una institución pública que brinda servicios especializados de manera integral para la salud mental.
Otros aspectos incluidos es la prisión y multas por divulgar información de pacientes, mayor control de las hospitalizaciones y que hayan cinco psicólogos como mínimo en cada distrito educativo.
El marco legislativo tiene como finalidad garantizar el derecho a una salud mental universal y digna mediante un modelo integral, preventivo y comunitario que asegure la autonomía personal, erradique el estigma y regule los servicios de salud bajo el respeto absoluto a los derechos fundamentales y la inclusión social.
El proyecto es una fusión de cuatro iniciativas, la de referencia es la sometida por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que es la misma que elaboró el Ministerio de Salud Pública. La legislación refundida deroga la Ley 12-06, del 3 de febrero de 2006, sobre Salud Mental, que es la legislación actual.
Cobertura de los seguros y un centro Reside en cada región en 10 años
De acuerdo al artículo 67 de la iniciativa, las ARS deben incluir la atención de salud mental en sus planes, con cobertura de psicoterapia, medicamentos y límites a los copagos.
El apartado resalta que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) incluirá la atención en salud mental dentro de los planes ofrecidos por las Administradoras de Riesgos de Salud, públicas, privadas o mixtas.
Señala que los servicios de salud mental “deberán estar cubiertos por todos los planes de salud ofrecidos por las administradoras de riesgos de salud”. Se incluirá en el Plan Básico de Salud la psicoterapia ambulatoria individual y familiar, “no limitada sólo a crisis”, y los psicofármacos atípicos y de última generación.
Las primas de seguros, según el proyecto, deberán establecerse de manera justa y razonable, basándose en estimaciones actuales y estadísticas, así como en evaluaciones no discriminatorias.
El CNSS establecerá un tope de copago en servicios ambulatorios de psicología y psiquiatría; y en ningún caso la cobertura de las prestaciones en salud mental podrá ser inferior, en términos de calidad, oportunidad, continuidad o financiamiento, a las prestaciones garantizadas para otras condiciones de salud.
Por otro lado, el artículo 101 de la normativa pondera que en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Servicio Nacional de Salud (SNS) instalara en cada región administrativa un centro de Reside.
Internamientos involuntarios, cinco psicólogos por distrito y sanciones
En cuanto a los internamientos involuntarios, la nueva legislación contiene, en sus artículos 59 y 60, mayores requisitos profesionales y un procedimiento de validación. Para que proceda la hospitalización involuntaria habrá dos médicos psiquiatras y un psicólogo clínico que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona.
Sobre los cinco psicólogos por distrito educativo, el artículo 72 establece que cada distrito educativo tendrá por los menos esa cantidad disponible y al servicio de las escuelas y colegios que se encuentren bajo su supervisión.
Asimismo, los artículos 74 y 75 consignan prisión y multas por divulgar información de pacientes.
La legislación señala que los medios de comunicación o persona jurídica que realicen una publicación o divulgación que constituya una intromisión ilegítima o la divulgación de datos clínicos o imágenes que vulneren directamente la privacidad de la persona afectada, sobre hechos relacionados con un suicidio o intento de suicidio, de forma que pueda vulnerar su dignidad y la de su familia, serán sancionados con multa de uno a dos salarios mínimos del sector público y las penas complementarias establecidas en el artículo 38 del nuevo Código Penal.
La persona física será sancionada con 15 días a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.
A la vez, quien transmita, divulgue, comparta, publique o envíe a terceros información de índole confidencial o personal de un paciente de salud mental, sin el consentimiento de los involucrados o afectados, será sancionado de 15 días a un año de prisión menor y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.
Opiniones de sectores
La comisión especial del Senado a cargo de la nueva ley de salud mental, presidida por Moisés Ayala (PRM-Barahona), realizó varias invitaciones para escuchar las opiniones de los representantes de instituciones y especialistas, tales como el Ministerio de Salud Pública , Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Plataforma Ciudadana por la Salud Mental, Organización Panamericana de la Salud, y el doctor José Orlando Bidó, neurocirujano.
Pide al Congreso aprobar reforma en esta Navidad
El psiquiatra José Miguel Gómez llamó al Senado y a la Cámara de Diputados a aprobar, antes de finalizar este año, la nueva ley de salud mental, con el propósito de fortalecer los servicios de atención psiquiátrica y garantizar mayores recursos para atender a las personas con trastornos mentales.
Gómez consideró que la aprobación de esta legislación debe convertirse en un compromiso del Congreso Nacional y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que cuenta con mayoría en ambas cámaras legislativas, para que el país pueda disponer de un marco legal actualizado y acorde con las necesidades de la población.
“Los psiquiatras estamos demandando que antes de terminar este año el Senado y la Cámara de Diputados y el PRM, que tienen la mayoría, ya pongan a funcionar la ley para bien del país, que le den este regalo de Navidad al país”, expresó en declaraciones ofrecidas a elCaribe.
El especialista, quien fue director del Hospital Psiquiátrico Padre Billini y presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, manifestó que el gremio respalda la revisión y actualización de la legislación, pero entiende que deben incorporarse varios aspectos fundamentales para mejorar la atención de la salud mental.
Entre sus principales demandas mencionó que se destine entre el 1 % y el 1.5 % del presupuesto del Ministerio de Salud Pública a los servicios de salud mental, al considerar que el financiamiento constituye uno de los puntos esenciales para garantizar la aplicación de la normativa.
También planteó que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) cubran los diagnósticos psiquiátricos, los internamientos y los medicamentos que requieren los pacientes, de manera similar a la cobertura que ofrecen para los tratamientos de alto costo.
Otro de los aspectos que considera necesario incorporar es que la decisión sobre los internamientos involuntarios corresponda a los médicos psiquiatras, por ser los profesionales con la formación especializada para determinar cuándo un paciente presenta un cuadro psicótico o representa un peligro para sí mismo o para otras personas.
Gómez también abogó por la apertura de unidades de salud mental en todos los hospitales provinciales y regionales, así como por la ampliación de los servicios especializados para niños y adolescentes. Sobre este punto, advirtió que el país cuenta solamente con dos unidades infanto-adolescentes, con una capacidad que no alcanza las 20 camas para atender a una población superior a los tres millones de niños y adolescentes.
Asimismo, consideró urgente establecer unidades de desintoxicación y rehabilitación psicosocial para personas con dependencia de sustancias y otras conductas adictivas, como el consumo de alcohol, marihuana, cocaína, anfetaminas y heroína, además de la ludopatía.
Propuso extender las políticas de salud mental a los lugares de trabajo y a las comunidades, de modo que las empresas desarrollen programas de atención para sus empleados y los ayuntamientos impulsen iniciativas de prevención y acompañamiento psicosocial.
