La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda discusión un proyecto de ley que busca regular los mecanismos aplicados en el país para la prevención y control de plagas.
La pieza elaborada por el diputado Adelso Rubén Contreras se centra específicamente en las pestes que podrían afectar los recursos vegetales del territorio dominicano, incluyendo cultivos alimenticios y demás producciones agrícolas.
Sin embargo, esta iniciativa, pendiente de ser conocida por el Senado de la República, también busca establecer un régimen de sanciones para castigar a quienes, por sus acciones, puedan ocasionar un daño en las plantaciones nacionales.
El artículo 79 del documento identifica como una falta grave la utilización de plaguicidas, nutrientes para vegetales y coadyuvantes, sin atender las indicaciones recomendadas, que provoquen daños a terceros o contaminación ambiental.
Este último producto se refiere a las sustancias destinadas a facilitar y mejorar los efectos de un plaguicida.
El legislador, representante de la provincia Dajabón, propone que el caso antes mencionado sea penalizado con hasta cinco años de prisión y una multa de RD$5 millones, junto a las indemnizaciones a favor de la víctima.
Estudiantes intoxicados
En los últimos años, decenas de niños y adolescentes han sido intoxicados tras ser afectados por fumigaciones realizadas en plantaciones.
Se trata de casos en los que los agricultores cercanos a escuelas realizarán sus labores de control en los cultivos, rociando al aire libre químicos dañinos para el ser humano tras su inhalación.
El pasado 23 de septiembre, dos estudiantes de la escuela Amiama Gómez de 11 y 15 años de edad fueron víctimas de este tipo de casos en Azua.
Más penalidades
El mismo castigo podrían recibir quienes importen o comercialicen en el país esos productos que hayan excedido su fecha de caducidad, así como otras circunstancias contempladas en el texto.
Además, establece prisión menor de hasta dos años y multas de 300 salarios mínimos, equivalentes a RD$3 millones, cuando se evidencie la comisión de los siguientes hechos.
La obstaculización de inspecciones gubernamentales a las áreas de cultivos, explotaciones, agroservicios, domicilios o cualquier otro establecimiento que albergue artículos relacionados con la protección fitosanitaria local e internacional.
Asimismo, ocultar, omitir o disponer información falsa premeditadamente sobre la presencia de plagas.
Precisamente, el congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recomienda instituir como una responsabilidad que los agricultores silvicultores colaboren con las autoridades, notificándoles el estado sanitario en el cual se encuentran sus cultivos.
Rubén Contreras considera necesaria esta legislación, ya que permitiría robustecer la prevención ante los patógenos detectados en otros países.
“En países con los que la República Dominicana mantiene relaciones comerciales existen plagas que representan riesgos de introducción al territorio nacional”, manifestó en uno de los considerandos del documento.
