Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó hoy que los proyectos de ley para modificar el Código Civil dominicano que cursan en el Congreso Nacional sean estudiados juntos y en una comisión bicameral, que sería presidida por un diputado.
La Cámara Alta tomó la decisión a petición de Rafael Barón Duluc “Cholitín” (PRM-La Altagracia), presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de ese órgano, en la sesión ordinaria realizada en Bonao, en conmemoración del 44 Aniversario de la provincia Monseñor Nouel.
Hasta el momento, en el Senado hay cuatro proyectos de ley que buscan hacer cambios al Código Civil, por lo que, en su pasada reunión, la comisión que dirige Cholitiín decidió que sea conformada una comisión compuesta por senadores y diputados para adelantar los trabajos y que haya mayor consenso.
También el equipo senatorial acordó fusionar las cuatro iniciativas en un expediente y remitirlo a estudio de la comisión.
El objetivo de los legisladores es aprobar el nuevo Código Civil en los dos años que le quedan al cuatrienio (2024-2028), según adelantó Duluc.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, aclaró que la comisión mixta será presidida por un diputado, ya que la Cámara Baja está adelantada con el estudio de la reforma legislativa.
El titular de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados es Wandy Batista.
El proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana tiene 26 años dando vueltas en el Congreso. La pieza de referencia perimió en la pasada legislatura y aún no ha sido reintroducida.
La propuesta de ley tiene como proponente principal a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y emana de la iniciativa sometida el 27 de febrero de 2000 por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández.
El Código Civil es una de las leyes más relevantes del ordenamiento jurídico dominicano; está en ejecución desde 1844 y, hasta la fecha, no ha tenido cambios integrales.
Un código civil es el conjunto de leyes que regula las relaciones privadas entre las personas. Su propósito es establecer derechos y obligaciones en áreas fundamentales de la vida cotidiana y garantizar la convivencia y la seguridad jurídica.
