El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional anunció que el próximo 14 de septiembre, decidirá si declara la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo en el caso Calamar.
El tribunal presidido por Arlín Ventura e integrado por Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, luego de una audiencia en la que se escucharon los argumentos tanto de la defensa de los imputados como del Ministerio Público anunció que ese día darán su decisión a las 9:00 de la mañana.
Los abogados de varios de los procesados entre ellos Ángel Lockward, Claudio Silver Peña, Juan Tomás Polanco Céspedes, Agustín Mejía Ávila, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Santiago Moquete Ortiz, solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal, alegando que el proceso ha superado el plazo máximo de cuatro años que establece la normativa procesal vigente.
Los primeros en plantear formalmente esta petición fueron los defensores de Ángel Lockward, los abogados Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes sostienen que las medidas de inmovilización de fondos impuestas a su cliente desde febrero de 2022 acumulan ya más de cuatro años y ocho meses de vigencia, sin que exista una resolución definitiva en el caso.
A su juicio, la ley obliga al tribunal a declarar la extinción del proceso, incluso de oficio, cuando se comprueba el vencimiento del plazo.
La defensa argumentó que las medidas de inmovilización de fondos impuestas a Lockward desde febrero de 2022 continúan vigentes, acumulando más de cuatro años y ocho meses de afectación procesal sin que se haya producido una resolución definitiva en el caso.
De acuerdo con los abogados, el marco legal impone al tribunal la obligación de declarar la extinción del proceso incluso de oficio si se comprueba el cumplimiento del plazo máximo fijado por la ley.
la posición del ministerio público
Por su parte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió al tribunal rechazar en su totalidad las solicitudes de extinción presentadas por las diferentes defensas técnicas. Estuvo acompañada de Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público.
Ortiz argumentó que el cómputo del plazo para declarar la extinción de un proceso penal no puede aplicarse como una fórmula matemática ni de forma automática, sino que exige una evaluación ponderada de la razonabilidad del tiempo transcurrido y de las particularidades de cada expediente.
Citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, que según explicó han establecido la obligación de motivar detalladamente las causas de las dilaciones antes de disponer el cierre de una causa.
Ortiz afirmó que el Tribunal Constitucional ha señalado que no basta con el simple transcurso del tiempo, sino que deben analizarse y fundamentarse las incidencias y retrasos ocurridos a lo largo del proceso.
apelación en el caso de donal guerrero
De forma paralela, la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó que interpuso un recurso de apelación para que se declare la extinción de la acción penal en su contra, al considerar que el proceso judicial también superó el límite legal establecido.
La abogada María del Pilar Zuleta explicó que el recurso fue depositado ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con el objetivo de que se revoque la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción, que previamente había rechazado la solicitud de extinción y ordenado el envío del caso a juicio de fondo.
Según la jurista, el cómputo de la persecución penal contra Guerrero comenzó formalmente el 22 de noviembre de 2020, fecha en que la Procuraduría General de la República le impuso una alerta migratoria a solicitud de la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
Desde entonces, sostuvo Zuleta, han transcurrido casi seis años, superando ampliamente los cuatro años que fija la normativa procesal penal como límite máximo de duración de un proceso.
"Para el señor Donald Guerrero el plazo está completamente vencido. Por eso le estamos pidiendo a la corte que evalúe nuevamente este pedimento", declaró la abogada.
