Reconocidos juristas manifestaron opiniones encontradas sobre la conveniencia de que el nuevo Código Penal entre en vigor en el mes de agosto, durante el panel “Impacto del Nuevo Código Penal: ¿Avance o retroceso?”, un espacio de análisis y debate organizado por Gala Media Group y Amigos que Suman.
La actividad, celebrada en el auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), reunió a destacados especialistas del derecho para analizar las implicaciones constitucionales, sociales e institucionales de la reforma legislativa. El panel fue moderado por las comunicadoras Danylsa Vargas y Yuri Rodríguez, quienes guiaron el intercambio de ideas.
Durante el panel participaron los juristas Miguel Valerio, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez y Francisco Álvarez, quienes expusieron argumentos a favor y en contra de la entrada en vigencia de la nueva ley, abordando temas relacionados con su alcance jurídico, la protección de derechos fundamentales y los desafíos que plantea su aplicación.
Mientras algunos de los panelistas consideraron que el país debe avanzar con la implementación del nuevo Código Penal para actualizar el marco jurídico y responder a las demandas actuales de la sociedad, otros plantearon la necesidad de revisar determinados aspectos antes de su entrada en vigor, al entender que aún existen disposiciones que requieren mayor discusión y consenso.
El jurista Miguel Valerio se mostró a favor de que el nuevo Código Penal entre en vigencia en la fecha prevista, al considerar que la legislación debe actualizarse constantemente para responder a la evolución de la criminalidad.
“Nosotros somos partidarios de que el Código Penal entre en vigencia y cualquier revisión se haga posteriormente. Siempre tiene que estar actualizado, porque la criminalidad avanza mucho más rápido que la sociedad”, expresó.
En cuanto al delito de difamación e injuria, Valerio manifestó que respalda la reducción de las sanciones para los casos de primera infracción, sustituyendo las penas privativas de libertad por multas. No obstante, sostuvo que quienes hacen de la difamación una práctica sistemática con fines de extorsión deben mantener las sanciones contempladas en la legislación.
“Estamos de acuerdo con que la pena por difamación e injuria se reduzca a una multa para quien difame por primera vez, pero para los difamadores profesionales, personas que se dedican a la extorsión, entendemos que la pena debe permanecer exactamente igual”, afirmó.
El jurista y profesor Eduardo Jorge Prats expresó su respaldo a que el nuevo Código Penal entre en vigencia en la fecha prevista, al considerar que su aplicación permitirá identificar los aspectos que requieran ajustes mediante un proceso de evaluación continua.
“Nosotros nos suscribimos a esa tendencia que entiende que el Código debe entrar en vigencia ahora en agosto y que debe nombrarse una comisión de seguimiento para ver cuál es la aplicación efectiva del mismo en los tribunales”, afirmó.
Jorge Prats recordó que, durante la discusión del proyecto, cuestionó algunas disposiciones por entender que respondían al llamado populismo penal, al advertir que la efectivida de un sistema de justicia no depende de establecer penas más severas, sino de que estas sean razonables.
Análisis amplio y consensuado
El jurista y constitucionalista Cristóbal Rodríguez planteó la necesidad de extender el periodo legislativo con el propósito de abrir un espacio de diálogo que permita revisar con mayor detenimiento el nuevo Código Penal antes de su entrada en vigor.
Rodríguez consideró que una legislación de esta importancia requiere un proceso de análisis amplio y consensuado, debido a que constituye el principal instrumento de política criminal del Estado.
“Que se pueda hacer una prórroga, una extensión de la vacación legislativa para que se lleve a cabo una conversación con el sosiego que amerita. El Código Penal es el instrumento más importante de política criminal del Estado y, por tanto, exige que su aprobación satisfaga las expectativas mínimas de consenso social, político y técnico que demanda una legislación de esta naturaleza”, expresó el abogado.
El jurista Francisco Álvarez sostuvo que no existe una razón que obligue a que el nuevo Código Penal entre en vigencia de manera inmediata, al considerar que el país continúa rigiéndose por la legislación actual sin que ello represente una crisis para el sistema de justicia.
“No es cierto que, si este código no entra en vigencia el día 3 o el día 4, vaya a producirse una gran catástrofe. Todo lo contrario. En este momento seguimos rigiéndonos por el Código Penal vigente y el sistema continúa funcionando”, dijo.
El abogado advirtió que una vez el Código Penal entre en vigor podrían presentarse situaciones jurídicas complejas, especialmente si posteriormente se introducen modificaciones a disposiciones que ya estén siendo aplicadas por los tribunales.
“Es impostergable” entrada en vigencia CP
El miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, Merlín Mateo Sánchez, afirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal es impostergable, al considerar que se trata de una legislación necesaria para fortalecer el Estado de derecho y responder a las nuevas realidades del delito.
Sánchez sostuvo que las diferencias en torno a las disposiciones sobre difamación e injuria no deben retrasar la reforma. “No podemos renunciar a la entrada en vigencia de un Código Penal moderno únicamente por esas diferencias. Esos aspectos pueden perfeccionarse mediante el consenso, sin retrasar la reforma”, expresó.
Jorge Prats
“Nosotros nos suscribimos a esa tendencia que entiende que el Código Penal debe entrar en vigencia ahora”
