SANTO DOMINGO. Ante el repunte de los hechos de violencia que en las últimas semanas han cobrado la vida de varias mujeres en el país, las autoridades han reiterado un mensaje a la población: la ayuda existe, es gratuita y está a una llamada de distancia.
La respuesta del Estado dominicano frente a la violencia de género se sostiene hoy sobre una red de servicios que combina líneas de emergencia, refugios, fiscalías especializadas, atención psicológica y el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.
La Línea Mujer*212: orientación y rescate las 24 horas
El primer eslabón de orientación es la Línea Mujer, marcando *212, un servicio telefónico del Ministerio de la Mujer que funciona de manera gratuita y confidencial todos los días del año, durante las 24 horas. El código abreviado puede marcarse desde cualquier teléfono celular de las compañías que operan en el país, Altice, Claro y Viva, y dirige a la usuaria a un centro de llamadas con personal especializado.
El protocolo de atención va desde la orientación legal y psicológica hasta el rescate de la persona agredida y su ingreso en una casa de acogida cuando su vida corre peligro. La línea, que comenzó a operar en 2012 como Línea de Emergencia, opera de forma coordinada con las oficinas territoriales del Ministerio de la Mujer, distribuidas en decenas de oficinas provinciales (OPM) y municipales (OMM) en todo el territorio nacional.
El Sistema 9-1-1, para la emergencia inmediata
Cuando existe un peligro inminente, una agresión en curso o riesgo de muerte, la recomendación oficial es llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que coordina la respuesta de la Policía Nacional y los cuerpos de socorro. El Ministerio de la Mujer ha insistido en que el 9-1-1 es la vía para la emergencia y el rescate inmediato, mientras que el *212 se reserva para la orientación, el acompañamiento y el seguimiento de los casos.
Para las mujeres cuya integridad o la de sus hijos está en riesgo y que no cuentan con un entorno seguro, el sistema dispone de casas de acogida o refugios, administrados por el Ministerio de la Mujer. Estos centros, de ubicación confidencial, ofrecen alojamiento, alimentación, servicios de salud y asistencia social, legal y psicológica, además de espacios educativos para los niños y niñas menores de 14 años que ingresan junto a sus madres.
La red de refugios se ha ampliado de forma considerable en los últimos años: el país pasó de tres casas de acogida en 2020 a más de una docena tras una inversión estatal destinada a las zonas con mayor incidencia de violencia. Según cifras oficiales, entre enero y marzo de 2026 los refugios recibieron a 440 mujeres y menores, frente a las 371 personas atendidas en el mismo período de 2025.
El ingreso a una casa de acogida se gestiona a través de la Línea *212 o de las oficinas del Ministerio de la Mujer y se reserva para los casos de riesgo de muerte o de grave amenaza a la integridad física de la mujer o de sus hijos.
Fiscalías y unidades especializadas: la ruta de la denuncia
La denuncia y la persecución penal se canalizan a través del Ministerio Público. La Procuraduría General de la República cuenta con una red de Unidades de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, con presencia en todas las regiones del país. Estas unidades reúnen, en un mismo espacio, a procuradores fiscales, psicólogos, médicos forenses y personal de investigación, con el fin de que la víctima reciba atención y pueda interponer su denuncia sin tener que repetir su testimonio en múltiples instancias.
El sistema se complementa con áreas de género en fiscalías ordinarias, fiscalías comunitarias y centros de intervención conductual dirigidos a los agresores. A ello se suma la Línea Vida, al teléfono 809-200-1202, mediante la cual cualquier persona puede denunciar de forma confidencial un caso de violencia.
La magnitud de la demanda da cuenta de la dimensión del problema: solo durante 2024, las unidades de violencia de género y las fiscalías recibieron decenas de miles de denuncias relacionadas con delitos contra las mujeres, según datos del Ministerio Público.