Cuando en 1985 Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firmaron el Acuerdo de Schengen, pocos imaginaron que aquella iniciativa destinada a desmontar fronteras internas terminaría condicionando, décadas después, la movilidad internacional de millones de latinoamericanos y caribeños, incluidos los dominicanos.
La lógica era simple: abrir Europa hacia dentro obligaba a endurecer Europa hacia fuera. La implementación efectiva comenzó en 1995 y el sistema evolucionó rápidamente hacia una compleja estructura de control migratorio, documental y de seguridad. En 2001, el Reglamento 539/2001 del Consejo Europeo consolidó dos listas oficiales: países cuyos ciudadanos necesitarían visado para entrar al espacio Schengen y países exentos del requisito.
República Dominicana quedó incluida entre los primeros. En Iberoamérica le acompañan ya solamente Cuba, Bolivia y Ecuador.
La comparación sigue siendo incómoda para Santo Domingo. Mientras pequeños Estados caribeños de menos de 200 mil habitantes disfrutan de acceso sin visado, República Dominicana —la economía más grande del Caribe insular y una de las de mayor crecimiento regional en las últimas décadas— continúa sometida al régimen Schengen.
La explicación europea nunca ha sido económica. Bruselas observa otros indicadores: riesgo de permanencia irregular, solicitudes de asilo, seguridad documental y comportamiento estadístico de los viajeros. Que República Dominicana siga compartiendo categoría migratoria con Cuba y Haití es precisamente la percepción que la diplomacia dominicana intenta desmontar desde hace años.
Cómo nació la etiqueta de "riesgo migratorio"
La inclusión dominicana respondió a factores acumulados durante los años noventa. España vivía entonces un auge económico y se convirtió en principal puerta de entrada para migrantes latinoamericanos y caribeños. Miles de dominicanos llegaron a territorio español y muchos utilizaron luego ese punto de acceso para desplazarse hacia otros países europeos.
Europa comenzó a observar: permanencias irregulares; regularizaciones masivas; solicitudes de residencia; debilidades documentales; y redes de tráfico de personas.
Aquello terminó consolidando una clasificación burocrática difícil de revertir: República Dominicana pasó a ser considerada país de "riesgo migratorio".
Europa rara vez revisa rápidamente estas categorías. El crecimiento económico dominicano posterior, la expansión del turismo o el fortalecimiento de su clase media tuvieron escaso impacto sobre el expediente migratorio. Para Bruselas siguieron pesando más la cooperación policial, el control fronterizo y las estadísticas migratorias.
Schengen no era toda Europa
El sistema Schengen nunca coincidió plenamente con la Unión Europea. Reino Unido e Irlanda decidieron mantenerse fuera desde el principio. Londres no aceptó ceder el control de sus fronteras ni de su política de visados, mientras Irlanda conservó su coordinación migratoria histórica con los británicos mediante el Common Travel Area.
Durante años eso produjo situaciones paradójicas: un dominicano podía obtener visa británica y entrar legalmente a Londres, pero necesitar simultáneamente un visado Schengen para viajar a París, Madrid o Roma.
En sentido inverso, países ajenos a la Unión Europea, como Noruega, Islandia y Suiza, sí terminaron integrándose plenamente al espacio Schengen.
Del libre tránsito a la seguridad continental
El Schengen original nació como un proyecto de movilidad. El Schengen actual funciona cada vez más como un sistema de seguridad.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron el primer endurecimiento serio. Luego vendrían Madrid en 2004, Londres en 2005, París y Bruselas años después. Europa reforzó el Sistema de Información Schengen (SIS), amplió el intercambio policial y fortaleció los controles biométricos.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la crisis migratoria de 2015. La llegada masiva de refugiados y migrantes desde Siria, Afganistán y África alteró profundamente la política europea. Gobiernos que antes defendían aperturas migratorias comenzaron a endurecer posiciones. Algunos restablecieron incluso controles fronterizos internos temporales, algo que Schengen concebía originalmente como excepcional.
Desde entonces, la inmigración dejó de ser un asunto principalmente diplomático para convertirse en una cuestión dominada por ministerios del Interior, policías migratorias y organismos de seguridad.
Colombia, Perú y la esperanza dominicana
En 2015 la Unión Europea eliminó el visado Schengen para ciudadanos de Colombia y Perú. La decisión reactivó inmediatamente las expectativas dominicanas. Demostró que la liberalización era posible. Pero también reveló que no dependía únicamente de simpatías diplomáticas.
Colombia y Perú atravesaron largos procesos técnicos donde Bruselas evaluó migración irregular, solicitudes de asilo, cooperación policial, seguridad documental y readmisión de nacionales deportados. España apoyó activamente ambos expedientes, pero no bastó el respaldo político de Madrid. Fue necesario construir consensos dentro del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. Ahí radica una de las claves menos visibles del sistema.
Quién decide realmente
Formalmente, la Comisión Europea evalúa los países y propone modificaciones al Reglamento 2018/1806, que sustituyó al antiguo 539/2001. Pero la decisión final debe ser aprobada conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
En teoría es un procedimiento técnico y jurídico. En la práctica, profundamente político.
Basta la oposición firme de algunos gobiernos influyentes para bloquear cualquier flexibilización migratoria, incluso cuando los informes técnicos resulten favorables.
España, Portugal e Italia suelen mostrarse receptivos hacia América Latina y el Caribe. Pero hoy el peso decisivo recae cada vez más en países como Alemania, Francia, Países Bajos o Austria, donde el clima político sobre inmigración se ha endurecido significativamente desde 2015.
La lección del Qatargate
Ecuador descubrió hasta qué punto estos procesos pueden quedar atrapados por factores externos.
En 2022, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó un informe que proponía eximir de visado a ciudadanos de Qatar, Kuwait, Omán y Ecuador. Este último había sido incorporado con fuerte respaldo español.
Pocos días después estalló el escándalo del Qatargate: investigaciones por presuntos sobornos de Qatar a eurodiputados. La presidenta del Parlamento Europeo suspendió todos los expedientes relacionados. Ecuador viajaba en el mismo paquete legislativo y quedó congelado.
El episodio mostró crudamente cómo funciona Bruselas: los criterios técnicos son importantes, pero nunca suficientes.
La variable silenciosa
Hay otro indicador dominicano que pesa considerablemente en las evaluaciones europeas: la tasa de rechazo de solicitudes de visado.
Según estadísticas Schengen de 2024, los dominicanos presentaron alrededor de 74 mil solicitudes y más de 16 mil fueron rechazadas. Dependiendo de la metodología utilizada, la tasa oscila entre 21 % y 27 %, claramente por encima del promedio global del sistema, situado alrededor de 15 %.
Para Bruselas, esos números funcionan como termómetro migratorio.
No solo importa cuántas visas se conceden, sino cuántos solicitantes son considerados potencialmente problemáticos. Más relevante aún es la percepción sobre permanencia irregular posterior, solicitudes de asilo consideradas infundadas y cooperación en readmisiones.
Desde la óptica europea, la pregunta central no es si un país es aliado o amigo. La pregunta es si sus ciudadanos representan un perfil migratorio de bajo riesgo.
El pasaporte biométrico
En ese contexto, República Dominicana finalmente adoptó el pasaporte biométrico en enero de 2026, tras varios aplazamientos administrativos.
El documento incorpora estándares exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y responde a una de las principales demandas técnicas europeas en materia de seguridad documental.
Es un avance importante, pero no garantiza resultados automáticos. Más de 130 países utilizan ya pasaportes biométricos y muchos continúan sujetos a visado Schengen.
Europa evalúa simultáneamente otras variables: permanencia irregular, cooperación policial, deportaciones, solicitudes de asilo y presión política interna sobre inmigración.
El nuevo Schengen
Mientras República Dominicana intenta mejorar sus credenciales técnicas, Europa avanza hacia un sistema todavía más vigilado.
La Unión Europea desarrolla actualmente el ETIAS, una autorización electrónica similar al ESTA estadounidense, que será exigida incluso a ciudadanos de países exentos de visado. Paralelamente se implementa el Entry/Exit System (EES), una gigantesca base biométrica que registrará entradas y salidas de viajeros no europeos.
El Schengen contemporáneo ya no es únicamente un espacio de libre circulación. Es también una arquitectura digital de vigilancia migratoria.
Ahí reside la principal paradoja dominicana: el país llega mejor preparado institucionalmente justo cuando Europa se encuentra más cerrada políticamente.
Por eso la eventual eliminación del visado dependerá menos de los discursos diplomáticos que de convencer a Bruselas de que República Dominicana dejó atrás la categoría migratoria donde fue colocada hace más de dos décadas
