El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aclaró que ninguna persona podrá entrar a territorio dominicano bajo el memorándum firmado con Estados Unidos (Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países, TCNA) sin autorización expresa del Gobierno dominicano. La precisión llega tras el debate generado por el acuerdo que permitiría recibir temporalmente a un número limitado de nacionales de terceros países en condición de tránsito.
Álvarez explicó que el memorándum no es jurídicamente vinculante y que puede cerrarse en cualquier momento por República Dominicana. De acuerdo con el canciller, el mecanismo no supone una cesión de soberanía ni una modificación del sistema migratorio nacional, ya que cada caso debe aprobarse por las autoridades dominicanas.
En claves
- Roberto Álvarez afirmó que nadie entrará a República Dominicana sin autorización del Gobierno.
- El canciller dijo que el memorándum con Estados Unidos no es jurídicamente vinculante.
- Explicó que las personas estarán en tránsito y regresarían a sus países en cuestión de días.
- El acuerdo excluye a haitianos, personas con antecedentes penales y menores no acompañados.
- La Cancillería insiste en que la cooperación no altera la soberanía ni la política migratoria dominicana.
El funcionario sostuvo que se trata exclusivamente de personas que permanecerían en tránsito por el país durante pocos días, antes de regresar a sus lugares de origen. También puntualizó que esas personas no han ingresado a territorio estadounidense ni pasarán a formar parte del sistema migratorio dominicano.
Qué dijo Roberto Álvarez sobre el memorándum
“Quiero ser enfático: nadie entrará a nuestro territorio sin la autorización del Gobierno dominicano”, afirmó Álvarez al defender el alcance del acuerdo. Su declaración apunta a contener las críticas políticas y las dudas públicas sobre el estatus real de los extranjeros que podrían ser trasladados temporalmente a República Dominicana.
La Cancillería también había indicado que el mecanismo se aplicaría caso por caso y que Estados Unidos ofrecería respaldo financiero y operativo para asegurar condiciones adecuadas durante la estancia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen. En ese contexto, Álvarez buscó reforzar la idea de que la decisión final recaerá siempre en las autoridades dominicanas.
Soberanía, tránsito y debate político
La aclaración del canciller se produce en medio de cuestionamientos de legisladores, exfuncionarios y sectores de opinión que han pedido mayor transparencia sobre el alcance del acuerdo, el estatus migratorio de las personas trasladadas y las garantías de retorno.
El punto más sensible sigue siendo la definición práctica de “tránsito”. Aunque el Gobierno sostiene que los extranjeros permanecerán solo por días, el debate público apunta a preguntas concretas: dónde estarán alojados, bajo qué supervisión, con qué documentación, por cuánto tiempo exacto y qué pasaría si un país de origen demora o rechaza la recepción.
También ha surgido una discusión sobre el componente político del acuerdo, debido a que República Dominicana se incorpora a un esquema regional promovido por Estados Unidos para agilizar procesos de remoción y repatriación de nacionales de terceros países. Medios locales han recogido inquietudes de especialistas y figuras públicas sobre la necesidad de precisar el estatus legal de esas personas mientras estén en territorio dominicano.
