Con la afanosa búsqueda de la niña Brianna Genao González, desaparecida el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, perteneciente a Imbert, provincia Puerto Plata, vuelve a la discusión pública la ausencia de la alerta Amber, cuyos protocolos se activan automáticamente en casos de desaparición forzada, rapto, secuestro o ausencia injustificada de una persona vulnerable, particularmente en casos de niños, niñas o adolescentes.
A casi dos semanas de la desaparición de Brianna se anuncia la incorporación de unidades caninas del FBI; también que se reforzará la búsqueda, pero ojalá no se repita la historia y que al final, aunque no se cierra formalmente el expediente, tampoco se eternice el sufrimiento que deja la ausencia.
Amber es un acrónimo inglés: America’s Missing: Broadcast Emergency Response, surgido del caso de Amber Hagerman, una niña perdida y hallada muerta días después, cuya necesidad en República Dominicana resurge con cada desaparición.
Su legalización, según el proyecto presentado en Cámara Baja por las diputadas oficialistas Liz Adriana Mieses Díaz y Carmen Ligia Barceló González, llevaría a la creación de una brigada nacional de Alerta Amber (Brinasaa) que incluye a la Procuraduría, la Policía Nacional, el Sistema 911, el Comando, Control, Comunicaciones, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), y el Indotel, que trabajarían copresididas por el Ministerio Público y la Policía.
Cada vez que hay un nuevo caso, resurgen la palabrería y las poses de quienes pretenden justificar su incompetencia, principalmente de los congresistas.
El caso de Brianna nos remonta inmediatamente a la desaparición anterior más reciente, la de Roldany, un niño de tres años oriundo de Jarabacoa, que parece haberse esfumado hace más de nueve meses desde el entorno familiar.
Tanto con Brianna como con Roldany, el clamor por la necesidad de la alerta Amber se generaliza, con la paradoja de que legisladores, que son la principal retranca para aprobarla, hasta se involucran en la búsqueda.
No divagamos al resaltar que, en países de nuestra región, donde el delito de la trata permea estructuras políticas, policiales y judiciales, las desapariciones casi nunca se resuelven, por lo que resulta imperativo un instrumento legal como la alerta Amber.