El voto calificado del presidente Luis Abinader fue decisivo para que los jueces Pilar Jiménez Ortiz y Moisés Ferrer Landrón no continuaran en la Suprema Corte de Justicia, luego del proceso de evaluación de desempeño llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
De acuerdo con el acta CNM 010-25, los casos de los dos jueces mencionados quedaron con igual cantidad de votos a favor y en contra de parte de los ocho miembros del consejo (4-4), sin embargo, el voto del mandatario inclinó la balanza a que ambos no consiguieran su permanencia en la Alta Corte.
“Respecto a la votación de los magistrados Pilar Jiménez Ortiz / Manuel Ferrer Landrón se obtuvo la mayoría calificada de votos desfavorables, en virtud del artículo 12 de la Ley 132-11, modificada por la Ley 1-12 del Consejo Nacional de la Magistratura”, reseña el acta publicada durante el fin de semana, a pesar de que el proceso fue llevado a cabo a inicios del mes pasado.
La ley que crea al CNM reseña que “en caso de empate, decidirá el voto calificado del Presidente”.
Los argumentos utilizados por los cuatro consejeros que votaron a favor de Jiménez Ortiz fue que, bajo su dirección, la Primera Sala de la SCJ logró superar un cúmulo de más de 11,000 expedientes, algunos pendientes desde el año 1992, estableciendo una disciplina de trabajo que ha permitido que dicha sala no registre actualmente casos pendientes de fallo por más de un año.
Por igual, reseñaron que durante su gestión se celebraron más de 7,000 audiencias y se emitieron más de 58 votos disidentes.
“Esto refleja tanto su rigor académico como su independencia en el razonamiento jurídico. A estos logros se suma su designación como Comisionada Iberoamericana de Ética Judicial, distinción que honra al país y proyecta a la República Dominicana como referente regional en materia de ética judicial”, recoge el acta del CNM, donde los consejeros a favor de Jiménez Ortiz exclamaron que la misma debe ser confirmada en su cargo al estimar que “evidencia integridad, independencia y disciplina en el ejercicio de la función jurisdiccional reconocidas tanto en el ámbito nacional como internacional”.
Sin embargo, los cuatro consejeros en contra, dentro de los cuales se encuentra el presidente Abinader, calificaron de “inoportuno” el criterio de posponer la aplicación de la Ley 2-23, sobre Recurso de Casación, sin que el legislador hubiese diseñado un escenario de vacío legal para ello.
"Igualmente, se consideró como un elemento a tomar en cuenta que en el marco de su entrevista se percibiese inseguridad respecto a la ecuación calidad/cantidad, en torno a la emisión de sentencias en la Sala que preside. Finalmente, se verificó la circunstancia de que las demandas en suspensión de ejecución de sentencias en los procesos de casación, de competencia exclusiva de la Mag. Jiménez Ortiz, no obtuvieron, en la mayoría de los casos, respuesta en el plazo establecido por la ley, provocando la inobservancia de estos una injustificada mora en dichas demandas", recoge el acta.
En el caso de Ferrer Landrón, los cuatros consejeros que estuvieron a su favor manifestaron que el magistrado fue ponente en más de 450 proyectos de decisiones en la Segunda Sala y ha participado activamente en la resolución de más de 2,000 expedientes en la Tercera Sala, “evidenciando una notable capacidad de trabajo y conocimiento técnico en distintas materias del Derecho”.
Por igual resaltaron su representación del Poder Judicial en foros nacionales e internacionales de alta relevancia, entre ellos la Conferencia de Tierras del Banco Mundial (2025, Washington, D.C.) y la Conferencia del Poder Judicial (2024, Santo Domingo), espacios donde aportó su experiencia en materia de gestión jurisdiccional y en el fortalecimiento institucional del sistema de justicia dominicano.
“Moisés Ferrer Landrón ha mantenido una trayectoria de desempeño eficiente, productiva y comprometida con los objetivos institucionales de la Suprema Corte de Justicia”, indica el acta.
Abinader y los otros tres consejeros indicaron en sus argumentos que el rendimiento del juez “no satisfacía” los aspectos técnicos en el artículo dos del reglamento 01-2025.
Esos aspectos técnicos para considerar son la cantidad de proyectos de sentencias elaborados y presentados por mes y año; la cantidad de proyectos de sentencias aprobados y rechazados por su respectiva sala; el tiempo promedio entre asignación de casos y presentación de proyectos de sentencias; expedientes asignados por sus respectivas salas y no presentados al pleno de estas para su decisión; las recusaciones formuladas y aceptadas contra el juez y el número de inhibiciones; los aportes jurídicos y votos disidentes motivados y la participación en programas de educación continuada de la Escuela Nacional de la Judicatura.
El caso de Read Ortiz
Además de Jiménez Ortiz y Ferrer Landrón, el otro juez evaluado fue Manuel Read Ortiz, quien tampoco fue ratificado en su curul; en su caso, la votación quedó seis votos en contra y solo dos a favor.
De acuerdo con lo recogido por el acta, la mayoría de los consejeros indicaron que la edad de Read Ortiz, 72 años, no le permitiría agotar más allá que un 30% del tiempo restante en su curul, ya que la edad de retiro obligatoria para los jueces de la Suprema es de 75.
Cinco vacantes
La no confirmación en sus cargos de esos tres jueces, sumadas a las vacantes dejadas por Napoleón Estévez (Actual presidente del Tribunal Constitucional) y Blas Fernández, quien declinó continuar en el proceso de evaluación, son cinco las vacantes a llenar en la Suprema Corte de Justicia.
Además del presidente Abinader completan la integración del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y Estévez Lavandier.