El Senado de la República aprobó este miércoles, en una única lectura, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, con el objetivo de asignarle las atribuciones administrativas del sistema judicial.
De esta manera, la pieza fue convertida en ley, quedando solo a la espera de ser promulgada durante los próximos 10 días por el Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Luis Abinader.
A pesar de las medidas de austeridad que implementa la actual gestión gubernamental, esta decisión del Poder Legislativo, representado en su mayoría por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), agregaría un ministerio a los 23 existentes.
La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido —en ese momento identificado como Secretaría de Justicia— transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, para los congresistas redactores del documento legislativo, “cada vez más se manifiesta la necesidad institucional” de delimitar las atribuciones de persecución criminal que caracterizan al Ministerio Público, separándolas de asignaciones “meramente funcionales y administrativas”.
Por lo que, según los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del esquema penitenciario nacional, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
Viceministerios
El Ministerio de Justicia sería agregado a la lista de órganos constitucionales, legales y procesales que conforman el Poder Judicial del país.
Entre estos se encuentran el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras jurisdicciones.
Los senadores visualizaron la integración de cinco viceministerios para garantizar el funcionamiento institucional.
Estos son: el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia; de Representación Judicial y Extrajudicial; de Políticas Penitenciarias y Correccionales; así como de Asuntos Registrales, Políticas Públicas contra la Criminalidad, Derechos Humanos y Servicios a la Ciudadanía.
También, el documento establece que el titular de este ministerio tendría que cumplir con los siguientes requisitos: ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.
“El ministro de Justicia no podrá desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, indica el segundo párrafo del artículo 11.
Austeridad del Gobierno
Los diputados Jorge Leonardo Tavares, Carlos de Pérez y José Jiménez presentaron en la sesión celebrada ayer un informe disidente en representación de la bancada política de la Fuerza del Pueblo para demostrar que es innecesario instituir este órgano gubernamental.
“Es innecesaria desde el punto de vista funcional y administrativo, pues las competencias que se pretende centralizar ya están adecuadamente distribuidas entre órganos constitucionales y especializados”, indicaron los congresistas en el documento, intentando impedir que la pieza sea enviada al Senado. No obstante, estos representantes no lograron su objetivo.
Además decían que provocaría “serios riesgos de inconstitucionalidad” al vulnerar disposiciones claras de la Carta Magna sobre distribución de competencias, jerarquía normativa y autonomía institucional.
“Es contraproducente para el fortalecimiento del sistema de justicia, al desarticular estructuras ya consolidadas y reemplazarlas por entidades nuevas sin garantías de eficacia ni independencia”, aseveran.
Los representantes afirmaron que esta propuesta resulta contraria a la lógica de austeridad promovida por el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, al implicar la creación de una nueva estructura con alto costo operativo.
“Genera duplicidades y superposiciones funcionales con instituciones existentes, tales como el Ministerio Público, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Defensor del Pueblo”, puntualizan.
No obstante, estos diputados manifestaron su oposición a un proyecto de ley que fue elaborado por un senador integrante del partido político al cual pertenecen, la Fuerza del Pueblo. Mientras tanto, los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidieron respaldar la iniciativa.
